El silencio fue atronador y la soledad apabullante aquel domingo 22 de marzo del 2020, a las 4 de la tarde, cuando empezó a regir el toque de queda sanitario para frenar los contagios del covid-19, síndrome viral respiratorio cuyo primer caso mortal se había registrado una semana antes, en el inicio de una propagación que ha enlutado a miles de hogares. Los fallecidos pasan ya de 17 mil y los casos, según registros oficiales, eran 805 mil hasta ayer, pero con un subregistro que podría rondar un millón 600 mil casos, debido no solo a las limitaciones de acceso a pruebas, sino al temor o imposibilidad de practicarse un examen, al impacto en áreas distantes o a decesos atribuidos a otras causas pero con posible vinculación al coronavirus.

Cierto es que no todas las complicaciones acarreadas por el covid-19 se pueden achacar al Gobierno, pero sí el inconstante rendimiento y abastecimiento de los hospitales de emergencia, la dispar ejecución de los planes de ayuda económica dirigida a personas y empresas —cuyas cuentas finales aún no se terminan de aclarar— y, de remate, la atropellada adquisición de vacunas rusas Sputnik V bajo un contrato secreto que se pagó al contado pero cuya entrega fue por abonos, bajo apremio y, por si fuera poco, rebasada en cantidad y celeridad por las donaciones enviadas desde países amigos. A este entuerto siguió una adenda arcana que prácticamente obliga al país a seguir adquiriendo la Sputnik V, a menos que el trato sea denunciado como lesivo.

En este lapso de dos años han brillado las grandes cualidades del pueblo de Guatemala: generosidad, servicio, resiliencia e ingenio para superar la adversidad. Así también, la vocación de miles de médicos y trabajadores de primera línea de salud merece encomio y agradecimiento.

No obstante, la ciudadanía ha calificado con creciente desaprobación la gestión del gobernante, Alejandro Giammattei, cuya condición de médico despertó grandes esperanzas hace dos años y sus primeras acciones contaban con una aprobación de hasta 83% en áreas urbanas. Similar evaluación, efectuada este mes por la empresa ProDatos, que presentamos en el ejemplar de hoy, refleja que seis de cada 10 guatemaltecos desaprueban el manejo presidencial de la pandemia.

El cálculo de subregistro se extrapola de la cantidad de encuestados que revela haber padecido el covid-19, cuya proyección sobre el número de población apuntaría a 2.4 millones, un excedente sin registrar que no solo ha ocurrido en Guatemala, sino en otros países. Los entrevistados que confiaban plenamente en los datos oficiales en abril del 2020 estaban en 56%, mientras que ahora solo los cree 18%, un escepticismo multifactorial al cual las autoridades han contribuido con decisiones erráticas, gastos no explicados y anuncios que generan controversia, tal el reciente “inicio” de la vacunación de menores entre 6 y 11 años programado para hoy.

El 2021 fue el año de la asombrosa recuperación macroeconómica del país, pero también fue el que más fallecidos registró por covid-19. El luto aún sigue asediando a familias y el riesgo de nuevas variantes persiste. Pero también son persistentes los deseos de superación, el afán de innovación y el anhelo de un porvenir más prometedor. Los incumplimientos, ineficiencias y opacidades gubernamentales hablan por sí mismos. Pero también lo hacen los actos de caridad silenciosos, los llantos sigilosos en sepelios solitarios y el sueño de un mejor país erigido sobre esos valores que germinaron en el silencio del confinamiento y en la fe de las plegarias a las afueras de un hospital.