Existen cuatro factores concurrentes en el problema de la desnutrición: es decir, acciones, omisiones o actitudes que solo han contribuido a agravar un problema que debió subsanarse con el paso de las décadas, sobre todo a partir de los gobiernos democráticos, pero, por el contrario, se ha extendido con las graves secuelas que acarrea sobre la capacidad cognitiva, el impacto en la población económicamente activa y la repetición del ciclo de la pobreza.

El primero es la indiferencia política que ha derivado en utilizar el tema como bandera de propaganda e incluso a convertirlo en recurrente argumento para justificar gastos en burocracia y programas clientelares, cuyos magros resultados se intenta maquillar a través de la manipulación de estadísticas y criterios de medición.

En segundo lugar se tiene el abordaje cultural, que resulta ajeno a los valores y tradiciones de las comunidades, pero que no se malentienda esto como una culpabilización de quienes necesitan la ayuda, sino como una aplicación de metodologías alimentarias y planes de supuesta promoción de salud que no tienen como primer escalón educar a padres y niños, es decir una estrategia integral.

Asimismo se da con frecuencia una mediación perversa de la atención nutricional cuando en lugar de ser facilitadores desinteresados, alcaldes, gobernadores y diputados se convierten en simples repetidores de propaganda del partido de turno, situación que se agrava en época electoral. Esto, a su vez, acarrea rupturas en la asistencia, descontrol de registros de niños atendidos y condicionamientos de votar por determinado signo político para mantener la permanencia de los programas.

Relacionado con esto se puede identificar el absurdo reinicio de cero con cada gobierno entrante, puesto que al depender los programas de atención nutricional de ministerios y secretarías ejecutivas se cambian métodos y prioridades según el criterio de quienes ocupen los puestos, que no necesariamente es técnico ni altruista, sino simplemente una dependencia que asume un compromiso que debe publicitar resultados numéricos.

Por lo antes enumerado y dados los retrocesos sufridos en los indicadores de desnutrición crónica, se hace impostergable que los dos partidos que van a la segunda vuelta electoral se comprometan, en público y por escrito, ante la población a generar una agenda común mínima de recuperación alimentaria, que priorice al menos los 50 municipios más afectados por este flagelo. Ayer, durante un oportuno foro promovido sobre el tema, los candidatos vicepresidenciales expusieron ideas, intenciones, pero no fueron capaces de plasmar una meta conjunta que será apoyada gane quien gane.

Los dramas del hambre y los decesos causados por este flagelo merecen respeto. El único homenaje posible a las víctimas de la desnutrición, que se cuentan por miles en este país, es emprender una política permanente de recuperación que comprometa a los partidos representados en el Congreso de la República, para que deje de ser un discurso conveniente y pase a ser una prioridad de Estado, que no solo unifique, sino que aproveche las experiencias de programas desarrollados por fundaciones privadas y organizaciones benéficas que demuestran la clase de milagros que se pueden lograr cuando se expulsa la politiquería y se abre paso al espíritu solidario, generoso y noble que caracteriza a los guatemaltecos.