A estas alturas de la historia y de los infaltables desafíos nacionales, resulta bastante disfuncional que gobierno tras gobierno se sigan presentando planes de gasto público anual que no se alinean a una estrategia de mediano y largo plazo que asegure la seriedad de los planteamientos, la dirección de la apuesta competitiva como país y la búsqueda real de metas en el desarrollo equitativo. Cierto es que no se puede prever qué es lo que ocurrirá dentro de una década, pero bien se puede proyectar por lo menos el siguiente lustro o hasta el cuatrienio, para orientar desde esa perspectiva la discusión de presupuestos. En el camino hay adaptaciones, contingencias -como ocurre actualmente con la pandemia- a las cuales obviamente se debe hacer frente pero que, por ingrato que parezca, no restan responsabilidad a las autoridades de turno sobre las metas de Estado.

Los modelos politiqueros de sucesión gubernamental, carentes de diálogo de altura, cuadros técnicos y búsqueda de consensos en favor del bien común, conducen a un borrón y cuenta nueva con cada administración que llega al Ejecutivo: tiran lo poco bueno que hizo el predecesor para poder hacer lugar a planes e intereses de allegados. En el peor de los casos, se mantienen dependencias onerosas y personal heredado, atrincherado en legalismos lesivos.

Al no existir un reglamento actualizado de servicio civil se carece de parámetros para evaluar la calidad del desempeño y hasta se dan invenciones dispendiosas de cargos y oficinas redundantes cuyas funciones ya efectúan instituciones ministeriales, secretarías, consejos y comisiones. Campaña tras campaña se amarran alianzas, apoyos y afectos con la vista puesta en obtener una plaza remunerada sin necesariamente poseer calidades profesionales, experiencia o dominio temático.

A todo esto, el Ejecutivo presentó ayer al Congreso un plan de gasto de Q103 mil 992.5 millones para el ejercicio 2022 que viene anticipadamente defendido con argumentos como tener una mayor proporción de financiamiento con recursos tributarios. Aun así vuelve a dejar más de Q30 mil millones al juego de los créditos y emisiones de bonos. Si acaso tal suma se dedicara a inversión en infraestructura, innovación y competitividad tendría algún sentido, pero tan solo un 18% del gasto se orienta a este fin, al menos sobre el papel.

El covid figura dentro de las justificaciones para solicitar Q12 mil millones para el Ministerio de Salud y ello tiene algún sentido si se contara con una ruta clara para expandir efectivamente la capacidad de atención hospitalaria y preventiva. Pero si es para pagar más vacunas por adelantado u hospitales “de campaña” que llegarán tarde y a un costo aún indeterminado, es necesario cuestionar la estrategia oficial, sobre todo porque la emergencia está sucediendo hoy, con médicos que han solicitado una y otra vez apoyo sin ser escuchados.

Educación tiene una asignación que ronda los Q20 mil millones gracias al pacto que amarrara el anterior ocupante de la Presidencia al firmar un pacto con el dirigente magisterial más nefasto de la historia para contar con su apoyo oficioso en momentos de urgencia. Sí, los maestros necesitan dignificación, pero también se precisa de mejoras concretas en su metodología, adaptabilidad a la tecnología y constante evaluación por resultados. Por lo demás no existen grandes sorpresas o giros innovadores, mucho menos alguna idea del rumbo de la administración estatal de aquí al cierre de este período. En el Congreso son previsibles desde ya los regateos, bolsones de recursos y dobles discursos.