Gracias al desparpajo de funestos funcionarios, el país ha perdido oportunidades de desarrollo de infraestructura vial y también muchísimo dinero público. Basta recordar el chanchullo de Odebrecht, que colocó en una misma causa judicial al exministro Alejandro Sinibaldi y al expresidenciable Manuel Baldizón. No hay manera que el juicio llegue y mientras tanto se han sumado nuevos fiascos, como el libramiento de Chimaltenango, por solo citar un ejemplo, además de contratos con dedicatoria o proyectos que benefician más a diputados y allegados al poder en turno que a la población.

Basta observar el bolsón de tramos antojadizamente otorgados a última hora por el oficialismo saliente del Congreso en el presupuesto del 2024, hoy suspendido por la Corte de Constitucionalidad por sus cínicas chambonerías que contradicen toda lógica y toda planificación. Solo una manga de corruptos puede apoyar tal dispendio, que se suma a los Q3 mil millones transferidos para el gasto vial del 2023 con obvias intenciones electoreras y clientelares. No es nueva tan aviesa conducta, pero sí marca récords de irresponsabilidad, indolencia y abuso.

Entretanto, los proyectos con visión de futuro quedan relegados, tal el caso del Anillo Interdepartamental, que conectaría la costa sur con el oriente y el occidente del país sin el obligado cuello de botella en la capital. El Estado no ha sido ni siquiera capaz de honrar su obligación para el inicio de la renovación de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, otorgada para ser construida en alianza público-privada. Detrás del sabotaje está la mano negra de quienes quieren hacer francachela con ese gasto público, aunque ello implique una demanda internacional contra el país.

En efecto, tal modalidad de inversiones necesita de mayor apertura, certeza jurídica y, por supuesto, transparencia competitiva, un factor que se ha visto vulnerado por concursos amañados o con requisitos tan específicos que ya apuntan a un favorito previo. Por ejemplo, se necesita de una licitación transparente para el futuro proyecto de ampliación El Rancho-Teculután, que será financiado con un préstamo de US$175 millones. Sí, el mismo tramo que iba a donar Taiwán, pero que el presidente Alejandro Giammattei trocó al inicio de su gobierno por el Hospital de Chimaltenango.

La miopía y la falta de acciones concretas para resolver nudos viales críticos son evidentes por ejemplo en el kilómetro 115, en el cruce de Cocales, donde a diario hay largas filas. Pero sin duda alguna, la peor cadena de angosturas viales está entre San Antonio Suchitepéquez y Retalhuleu, por lo cual resulta alentadora la idea de contar con la alternativa de un libramiento privado, de cuatro carriles, que tendrá 31 kilómetros de longitud. Dicha vía, proyectada para entrar a funcionar en el 2025, tendrá un cobro de peaje, similar al de la ruta VAS, en el área metropolitana. Los usuarios podrán elegir entre la vía pública gratuita o el atajo de pago. Quizá no es la solución ideal, pero se abre una opción hasta hoy inexistente.

Esto no reduce un ápice la necesidad imperiosa de una mejor gestión gubernamental de las carreteras, la cual pasa por la creación de una nueva Ley de Contrataciones, la aprobación de un plan de infraestructura con visión de desarrollo para tres décadas y el saneamiento de la inversión estatal. Pero para esto son necesarias condenas ejemplares por los escándalos que siguen golpeando a la ciudadanía productiva.