Solo ha pasado un mes desde el comienzo de la nueva legislatura, presuntamente renovada con la presencia de 110 nuevos diputados, cuya elección reflejó el amplio rechazo hacia bancadas, personajes y pactos cuestionables. Apenas pasa la primera mitad de febrero y ya hay rompimientos partidarios, disputas verbales por el uso de recursos públicos, así como reclamos de viejas prácticas posiblemente “legales” pero nada éticas, como la de presentar una moción de urgencia por un tema para poder disfrazar la inclusión de otro.

Ya se registró en este mismo espacio la imperiosa necesidad de mejores controles de ingresos, egresos y funciones de todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país, lo cual precisa de una reforma legal coherente, bien redactada y libre de inconstitucionalidades. Sin embargo, la prisa y el afán por mimetizar la discusión en tercera lectura de estos artículos dejó contradicciones, imprecisiones y generalizaciones dañosas, todo lo cual es solucionable mediante una discusión seria, abierta y libre de agendas reaccionarias.

La polémica sesión dejó al descubierto la presunta inexperiencia de numerosos representantes que, después de la misma, reclamaron haber sido sorprendidos en su buena fe, pues creyeron que votaban por un punto a favor de medidas de prevención en contra de la epidemia de coronavirus. Quizá el caso más llamativo fue el del expresidenciable del Partido Humanista de Guatemala, Edmond Mulet, quien salió a presentar excusas por el apoyo de su bancada a los cambios referentes a las oenegés, casi con un afán de ofrecer disculpas públicas por el proceder de su bancada. La gran incógnita es si sus diputados seguirán la directriz que les enmienda la plana o si sus intereses marchan en consonancia con la novel alianza.

El viernes último se entregó al Congreso la nómina de juristas de la cual deberá elegir a 135 magistrados de Apelaciones, titulares y suplentes, un apetecido botín de influencia política y judicial en cuyas manos estará la revisión de diversas condenas emitidas por casos de corrupción, la resolución de amparos o recursos interpuestos en juzgados de alto impacto. Es previsible que esta misma semana se concluya también la nómina para definir a la nueva Corte Suprema de Justicia. Por si fuera poco, en las próximas semanas este Congreso configurará un nuevo Tribunal Supremo Electoral, el cual estará encargado de proponer las nuevas reformas a la Ley Electoral, pero también de aplicar la máxima sanción —la cancelación— de partidos acusados de financiamiento anónimo o ilícito, entre los cuales figuran el expartido oficialista Frente de Convergencia Nacional, la Unidad Nacional de la Esperanza y la Unión del Cambio Nacional, todos con presencia en el hemiciclo.

La cuestión de fondo es sobre las fidelidades, prioridades e intereses que exhibirán las bancadas “nuevas” del Congreso durante estos procesos. ¿Será que se plegarán a las voces confrontativas sobrevivientes del pacto de impunidad de la legislatura pasada? ¿Defenderán con decisión, energía e integridad la selección de magistrados idóneos, probos y libres de nexos dudosos? ¿O exhibirán ciertos congresistas de estreno las raíces reales de donde provienen?

Sea lo que suceda, constituirá una temprana y oportuna revelación de quiénes son y a quién responden. No habrá tiempo de excusas. Solo se evidenciará si su prioridad está en la transparencia, el fortalecimiento del Estado garante de derechos y en la fidelidad a los principios políticos que pregonaron en campaña, o todo lo contrario.