El agujero a media ruta CA-9, justo a la entrada de Villa Nueva, pone en jaque no solo a las autoridades de este municipio sino a todo el país, debido a que constituye un punto neurálgico de ingreso y salida de miles de guatemaltecos que se desplazan a sus labores, pero además de cientos de camiones de carga de todo tipo —desde combustibles hasta electrodomésticos— que ingresan desde Puerto Quetzal o provenientes de la Costa Sur, y los que van en tránsito hacia o desde la costa atlántica. Los reportes de vecinos que escuchaban retumbos no fueron atendidos sino hasta ahora, cuando todo mundo ha quedado boquiabierto ante el socavón que está acompañado de una grieta de proporciones alarmantes.

La cultura de prevención para la reducción de desastres sigue brillando por su ausencia, de manera práctica, conceptual y presupuestaria. Se mantiene un patrón reactivo a las emergencias cuando estas ya representan un alto costo logístico, económico y de gasto en la solución de daños, muchos de los cuales son incalculables e irreparables, como las horas laborales perdidas, las entregas atrasadas y el calvario que viven los conductores afectados.

El tramo entre la cuesta de Villalobos y San José Villa Nueva había dado muestras de fragilidad por factores hidrológicos. Y aunque se señala la posible influencia de una falla geológica, las características del mencionado socavón se asemejan más a otro sucedido hace un año, en junio del 2021 y que fue reparado. Pero no basta con explorar el alcance de la grieta y proceder a su relleno: se necesita llevar a cabo un estudio exploratorio de suelos, con apoyo de expertos del Insivumeh y del Colegio de Ingenieros para evitar ulteriores incidencias.

Existen, por supuesto, más áreas susceptibles de riesgo: tramos carreteros, puentes, cuencas fluviales, asentamientos, barrancos y redes de alcantarillado, tanto en el área metropolitana como en departamentos. Lo lógico y responsable sería fortalecer al ente encargado de estudiar el impacto de fenómenos naturales a fin de emprender trabajos, bien hechos, que atajen posibles deslaves, hundimientos o crecidas destructivas. Véase el caso del puente Petapilla en Chiquimula, emprendido a medias sin prever los peligros de la crecida del río en temporada de lluvias y que ahora sortean los transeúntes como mejor pueden.

Se escamotean recursos para el equipamiento actualizado del Insivumeh y cuando por fin se les asigna, ocurren amaños como el de la empresa vinculada con el diputado Jorge García Silva, aliado del oficialismo, contra quien no hay manera que proceda su desafuero para poder investigar sus nexos y cuentas. Pero lo mismo vale decir de la supervisión independiente de calidad que deben tener las obras viales que los mismos parlamentarios se adjudicaron en el bolsón de Q3 mil millones extras asignados al Ministerio de Comunicaciones. Bien pudo usarse parte de esos recursos para crear un fondo para atender la emergencia presente o las que están por venir, pues la época lluviosa recién empieza.

Finalmente, el socavón del km 15 exhibe la falta de rutas alternas. Lo que hay son vías secundarias, pero ninguna cumple con los requerimientos de ancho de capa de rodadura e interconexión de localidades. El anillo regional metropolitano podría ser una excelente opción en este momento, pero no existe gracias al cortoplacismo politiquero y al desinterés gubernamental por potenciar la competitividad de forma creativa y no como vacía treta propagandística repetida por corifeos comprados.