El anuncio hecho la semana pasada por la cúpula empresarial, representada por el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, respecto de que se opondrá a los nuevos impuestos decretados por el Gobierno, no debe ser visto como una reacción de festinado rechazo, sino como de advertencia a causa de los efectos negativos que tiene para todo sistema democrático uno de los fenómenos socioeconómicos más dolorosos: el desempleo.

El aumento de los impuestos ha sido, históricamente, la razón más poderosa para que los ciudadanos de cualquier país se unan contra los gobiernos, sean éstos monarquías o democracias. En la sociedad debe existir un virtual acuerdo: el Estado está hecho para el beneficio común, que incluye servicios específicos, los cuales necesitan fondos para ser realidad.

Este dinero sólo puede provenir de los ciudadanos, que tienen el derecho de exigir transparencia en su inversión. Cuando esto no ocurre, el Estado pierde la fuerza coercitiva moral para cobrar impuestos. Pero sin éstos no funciona el Estado y entonces todo consiste en un delicado balance que, en el caso de Guatemala, no existe o ha desaparecido.

Cuando el Estado aumenta impuestos, se corre el riesgo de provocar una disminución en la actividad económica cuyo resultado sea que no se recaude lo esperado, o de hacer atractiva la evasión de impuestos, con lo cual ocurre lo mismo. La gran pregunta ahora es si este el momento de aumentar impuestos en el país, para evitar efectos contraproducentes en la recaudación aumentados con el incremento del problema social.

El desempleo es uno de los dramas sociales de efectos más perniciosos. Cuando un hombre o una mujer se queda sin la posibilidad de obtener un salario, cualquier salario, para alimentar a su familia y darle lo mínimo en cuanto a vivienda, salud y educación, tiene muchas posibilidades de convertirse en un ente antisocial o al menos en una persona con altos niveles de resentimiento, que muchas veces se traduce en criminalidad de cualquier tipo.

Todo se convierte en un círculo vicioso: el Estado aumenta los impuestos porque necesita recaudar más, pero provoca desempleo, lo que es una consecuencia de dificultad o imposibilidad de hacer funcionar la economía, lo cual a su vez reduce el número de empresas y personas que pagan impuestos y el resultado final es que el dinero recaudado no aumenta y a veces hasta disminuye, con el agregado de los problemas sociales ya mencionados.

La democracia como sistema político depende en mucho de la transparencia con que se maneje no sólo la economía, sino el gasto público. Sin importar el nivel educativo, social, educación o ideas políticas de los ciudadanos, el sistema democrático sufre cuando ve que participar en elecciones se convierte en hacer una escalera para que quienes lleguen al poder se dediquen al pillaje más descarado, como ocurre actualmente.

Cada persona que pierde su empleo por recortes de personal obligados por el aumento de impuestos, se convierte en decepcionado de la democracia, aunque ese proceso no sea consciente. Por eso, cuando algún sector social se manifiesta contra el incremento de gravámenes, no se le debe considerar simplemente como un avorazado, sino como alguien que tal vez inconscientemente tiene en mente evitar el desempleo.