El frustrado inicio de la etapa intermedia del proceso que se sigue contra la plana mayor del extinto Partido Patriota ha permitido refrescar detalles de lo que ocurría a lo interno de una de las administraciones más señaladas de nuestra historia reciente. Uno de ellos es el enorme derroche de recursos, económicos y laborales, que se invertían en el acomodo de negocios corruptos.

Buena parte de esos esfuerzos, se constata, estaban orientados a cuestiones personales y poco tenían que ver con la conducción de un Gobierno. Esa irresponsabilidad en el trabajo y en la administración de recursos públicos puede verse ahora desde otra perspectiva y es la del enorme daño que se le causa a quienes ven limitadas sus posibilidades de mejora.

Una parte muy significativa de esas víctimas está encarnada en los miles de jóvenes guatemaltecos con pocas opciones de superación, porque quienes tienen la obligación de atender sus demandas tienen otras prioridades o ni siquiera cuentan con una adecuada preparación para asumir el reto de conducir los destinos de la Nación.

El pasado jueves, el Gobierno presentó su Política Nacional de Empleo Digno, Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible 2017-2032, en lo que constituye un nuevo intento gubernamental para paliar el poco avance en diversos indicadores que necesitan mucho más que el concurso oficial.

Guatemala es uno de los países menos competitivos de Latinoamérica, y eso no se resuelve con buenas intenciones ni con la participación de unos cuantos funcionarios, pues los frentes sobre los que se debe tratar cualquier emprendimiento son múltiples y retadores, empezando por que el crecimiento económico nacional es insuficiente para derramar mayores beneficios.

Esto, unido a un crecimiento demográfico desproporcionado y a una precaria educación profesional o técnica, es de los factores que deben considerarse para iniciar cualquier programa para optimizar la inclusión de los jóvenes en áreas de la vida productiva.

Se calcula que más de la mitad de la población guatemalteca se ubica entre los 18 y los 25 años y que la mayoría está marcada por una educación de poca calidad y sin ninguna preparación técnica, lo cual desemboca en empleos precarios, domésticos y mal remunerados, detalles que se deben tomar en cuenta para cualquier programa.

También se debe considerar que el impacto de esos rezagos fácilmente se duplica cuando se habla de féminas y adquiere ribetes de dramatismo cuando se refiere a mujeres rurales o indígenas, quienes se quedan a la cola en la búsqueda de oportunidades.

Entre el 20 y el 30 por ciento de los jóvenes tendría acceso a un salario mínimo y apenas el 6 por ciento cuenta con un trabajo decente, factores que podrían explicar el deterioro social en otros órdenes de la vida nacional, como la violencia y la inseguridad, cuyos costos, humanos y económicos, involucran en alto porcentaje a la juventud.

Por ello, cuando se ve a un grupo de exfuncionarios de cara a la justicia se ratifica el enorme daño que la corrupción produce en la sociedad y en quienes representan la posibilidad de un cambio.