La transformación que sí se está dando en Guatemala, a partir de las manifestaciones populares en contra de la corrupción, es que ahora hay muchas más ciudadanas y ciudadanos dispuestos a participar y a vigilar para que se hagan los cambios que necesita Guatemala. Hoy tenemos un caso para celebrar, que involucra participación ciudadana y actitudes diferentes en el sistema de justicia.

La minera Mayaniquel solicitó una licencia de explotación, conocida como Sechol SEXT 06-11, a la que el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) presentó oposición en el año 2013, señalando -entre otros- que la Dirección de Minería no tiene facultad para otorgar derechos de explotación, ni puede otorgar derechos sobre el agua a los mineros.

El entonces director de Minería del MEM, Fernando Hugo Castellanos Barquín, argumentó que sí puede otorgar esos derechos; y que al opositor (Calas) no se le vulnera su derecho al agua, así que no hay agravio directo en su contra. En ese momento, Castellanos Barquín rechazó la oposición in limine y obvió los procedimientos contemplados en la Ley de Minería.

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, basándose en el artículo 12 de la Constitución, sobre el debido proceso, consideró que sí se vulneraron los derechos del interponente y el principio de legalidad, por lo que amparó a Calas. El Ministerio de Energía y Minas y Mayaniquel apelaron la decisión ante la Corte de Constitucionalidad. En una sentencia digna de ser enmarcada, que corresponde a esta nueva etapa en la vida democrática de Guatemala, de demanda de justicia por parte de la población guatemalteca, el 28 de octubre del 2015, la Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo del Tribunal de Amparo. Ante esta sentencia, ya no cabe ningún recurso legal. La buena noticia es doble: la Corte de Constitucionalidad, al amparar a Calas, retrotrae el proceso legal hasta antes del otorgamiento de la licencia -que es lo mismo que pasó con el juicio del general Ríos Montt-, por lo que la minera tiene que dejar de operar, pues no tiene licencia; y la CC acepta la participación ciudadana en la defensa de derechos ambientales, como lo manda la Constitución.

El problema ahora es que se rumora que los funcionarios de la compañía minera han manifestado que no piensan acatar el fallo. Menudo problema para los funcionarios responsables de asegurar que se acate el fallo de la máxima corte legal: si no se cumple la orden judicial caerán en desacato.

Esta es una prueba de fuego para este -que anhelamos sea- nuestro nuevo sistema de justicia. Habrá que ver qué pasa con los funcionarios que todavía creen que estamos en el pasado, y que ellos sí pueden violar -impunemente- la ley. Hoy, la ciudadanía está consciente de la importancia de su participación, y permanecerá vigilante, porque parece que la participación ciudadana es el ingrediente sine qua non.

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