El Congreso de la República está convocado para este día a un nuevo intento de dar continuidad a la discusión del paquete de reformas a la Constitución de la República, con el objetivo de dotar de mayor independencia a jueces y magistrados, un verdadero trámite que solo prolongará el debate.

La independencia del sistema de justicia es vital para el funcionamiento de muchas otras facetas de la vida nacional, empezando por la certeza jurídica, que atraviesa su mayor crisis ante la creciente evidencia de un Estado cooptado, en el cual los políticos insisten en acciones leguleyas para evitar la cita ante los tribunales, como lo ha hecho el alcalde Álvaro Arzú en los últimos meses.

En esa búsqueda de entorpecer el pleno funcionamiento de la estructura judicial están involucrados varios exfuncionarios, diputados y magistrados, quienes pretenden burlar el funcionamiento de un sistema cuando este muestra su independencia, como ocurre ahora con el jefe edilicio, quien trata por todos los medios de evadir su cita ante los tribunales.

En un duro revés para el alcalde Arzú, la Corte de Constitucionalidad rechazó una acción que pretendía detener el proceso que se sigue en su contra y le ordenó acudir a los tribunales a esclarecer las sindicaciones de incitación a la violencia que se siguen en su contra en un proceso de antejuicio, lo que lo deja a un paso de dar la cara y poder desvanecer los hechos por los cuales se le señala en los órganos jurisdiccionales respectivos.

La resolución de la CC constituye un estímulo para el estado de Derecho, porque reencauza un proceso que maliciosamente se ha buscado entorpecer por parte del actual alcalde, tal y como ha ocurrido con muchos otros exfuncionarios del Partido Patriota que siguen batallando por ponerle trampas a la justicia para que sus procesos tampoco avancen.

Tanto Arzú como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti encabezan la lista de figuras de la política que se han creído superiores a la ley e incluso han pretendido denunciar una persecución en su contra, aunque en el caso del alcalde metropolitano apenas debe acudir al Juzgado Noveno de Instancia Penal a esclarecer la veracidad de un mensaje soez que dirigió a un grupo de comerciantes a los que incitaba a defender sus puestos de venta.

Este caso no ha tenido ningún avance en su etapa inicial, la cual está por cumplir un año, y hasta ahora más bien se puede hablar de otro caso de impunidad. Pero más importante es destacar el tipo de acciones maliciosas como las que han ocurrido con muchos otros políticos en prisión para frenar el avance de la justicia, y también ahora se documenta con la actual discusión de las reformas constitucionales.

Ese panorama es el que explica la enorme campaña en contra de la independencia judicial, porque un sistema de justicia soberano se plantea como una seria amenaza para quienes han convertido el servicio público en una plataforma de desmanes, mucho de lo cual ocurre ante una absoluta falta de transparencia, y aún así se pretende maniatar a los órganos que por ley tienen la obligación de fiscalizar y juzgar a quienes se salgan del marco legal.