¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos mal para llegar a este extremo en el cual nos encontramos? ¿Quiénes son los responsables de la tragedia? El 85 por ciento de los niños guatemaltecos padecen desnutrición crónica. El 75 por ciento de la población vive en estado de pobreza. El 90 por ciento de los delitos —desde el hurto hasta el asesinato— quedan en impunidad. El 80 por ciento de los ríos del país están contaminados. En tan solo 20 años perderemos todos nuestros bosques, por la tala inmoderada. Encabezamos los listados de países con las más altas tasas de violencia, conflictividad y corrupción.

Recurramos a la historia nacional. Tomemos un punto cronológico: 1986, el inicio del primer gobierno democráticamente electo, producto de la transición entre autoritarismo y democracia —Vinicio Cerezo: 1986-1991—. Me apuntalo como apoyo obligado en un tema que estudié mientras viví en España, amparado en entrevistas directas con académicos y políticos de ese país: “La transición política española”. Recuerdo la entrevista más elocuente, la que sostuve con Santiago Carrillo, en el Palacio de Congresos en Madrid.

Santiago Carrillo me explicó que el tránsito del autoritarismo a la democracia en su país implicó tres requisitos ineludibles: 1. El socavamiento de la dictadura; 2. La liberalización de las fuerzas populares; 3. El pacto de las élites. En Guatemala se produjo con éxito el socavamiento de la dictadura militar. Si bien existían oficiales conservadores y reaccionarios opuestos a toda apertura política, existían otros con mayor visión que consideraban impostergable dejar a la sociedad civil la responsabilidad de elegir a sus propias autoridades mediante el voto.

Respecto de la liberalización de las fuerzas populares, es posible asegurar que se abrieron espacios nunca antes existentes —excepto durante 1944-1954—. De 1986 a 1990 surgieron y se fortalecieron muchos sindicatos laborales, cuya agenda estaba marcada por los derechos de los trabajadores, proceso muy distinto al que encontramos hoy, en donde la mayoría de sindicatos, particularmente del sector público, se han convertido en un recurso más para el oportunismo y la corrupción. Durante ese proceso surgieron también muchos partidos políticos y comités cívicos electorales, la cooperación internacional apoyó con muchos programas de formación y actualización política para el liderazgo emergente. Enfrentábamos problemas sociales serios, pero había también esperanza en la creciente organización política y social.

Acertamos en el socavamiento de la dictadura y la liberalización de las fuerzas populares. Pero se falló al no crearse un verdadero pacto de élites. El primer anuncio de la ruta errada fue cuando, por intereses económicos exacerbados, se interrumpe el proceso democrático y se expulsa a Jorge Serrano del poder. El segundo anuncio, quizá el núcleo central de la tragedia, se produce cuando, por azares del destino, convergen en el tiempo el arribo al poder del PAN y las instrucciones dictadas por organismos internacionales para implementar el Programa de Ajuste Estructural.

A partir de ello se abortó la posibilidad de articular una verdadera política de Estado, con énfasis en salud, educación, seguridad e infraestructura. Por el contrario, se inician los denominados grandes negocios, a partir de una vertiginosa privatización de los bienes públicos, lo que terminaría por minar la función constitucional del gobierno como principal ente rector en el país. La clase política se desacreditó por completo. Guatemala hoy exige un pacto por el reencuentro, la tolerancia y la disponibilidad de ceder espacios individuales y sectoriales en favor de los intereses nacionales. El reto ahora es superar la conflictividad, erradicar la corrupción, combatir la pobreza, implementar verdaderas políticas públicas en salud, educación y seguridad. Como hace 30 años, las élites tienen la palabra.