Suspenden proyecto de agua de la Cooperación Española en San Marcos por conflicto social
Conflictos sociales motivaron la cancelación de un sistema de acceso al agua y saneamiento en Sibinal, San Marcos.
Conflictos sociales motivaron la cancelación de un sistema de acceso al agua y saneamiento en Sibinal, San Marcos.
La decisión del Ejecutivo de limitar las garantías constitucionales en 22 municipios de cinco departamentos del país es cuestionada por el cardenal Álvaro Ramazzini, que reflexiona en la ingobernabilidad del país y no son estas acciones la mejor solución.
Después de que el Gobierno anunciara estado de Sitio en seis departamentos, el Ministerio de Gobernación prepara estrategias.
Ni Sandra Torres ni Alejandro Giammattei se ha referido claramente al tema de la conflictividad social aunque es un factor que puede traer serias consecuencias para el próximo gobierno.
El amanecer reveló un panorama desolador en la salida de El Estor, Izabal, hacia Panzós, Alta Verapaz, donde la noche del jueves 25 de julio una turba quemó ocho tráileres que supuestamente transportaban material para una empresa minera del sector.
Energuate impugnó las resoluciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) que aprobaron el Valor Agregado de Distribución y las tarifas autorizadas para cobrar a los usuarios por el plazo de cinco años.
Unas cuatro personas, trabajadores de distintas instituciones, fueron retenidas por pobladores en la finca Ixloc, que se localiza cerca del Parque Nacional Laguna Lachuá, Cobán, Alta Verapaz.
Cuatro conflictos comunitarios se registraron en las últimas semanas en Quiché y Sololá, en estos intervinieron cientos de comunitarios, con resultado de un fallecido, 30 heridos y cinco personas retenidas; además, muchas personas afectadas por un bloqueo en la ruta Interamericana, en Nahualá, Sololá.
La diferencia de opinión acerca de integrar o no las pérdidas por robo de energía derivada de la conflictividad social al cobro del Valor Agregado de Distribución (VAD) que se hace a los usuarios de Energuate llevó a la Comisión de Energía Eléctrica (CNEE) a no aprobar el nuevo pliego que debiera entrar en vigencia este 1 de febrero.
El costo de la conflictividad asociado a las conexiones ilegales para consumo de energía en el país es de Q4 mil 394 millones, el 1.72% del producto interno bruto (PIB) según un análisis efectuado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).