¿Debe pagar el usuario de la provincia por la conflictividad energética?

Dos visiones sobre la propuesta de Energuate de cargar al consumidor costos por pérdidas por robo de energía e impagos. Mientras Carmen Urizar, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) indica que “es complicado que el usuario lo pague”, Dimas Carranza, gerente de regulación y de tarifas de Energuate indica que “está en riesgo el suministro” si no logran recuperar las pérdidas.

Las operaciones de Energuate registran pérdidas por conflictividad social. En la foto se muestra pruebas de contadores. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Las operaciones de Energuate registran pérdidas por conflictividad social. En la foto se muestra pruebas de contadores. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

A continuación presentamos el extracto de las entrevistas realizadas a Urizar y a Carranza en la cual argumentaron su visión sobre el efecto que la conflictividad tiene para otros usuarios. 

Urizar: “Es complicado que el usuario lo pague”

Carmen Urízar, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), explicó las complicaciones que conlleva la conflictividad social, con el robo de energía e impago de los servicios a las distribuidoras de Energuate. 

Urízar mantiene su postura acerca de que no se puede justificar, desde el punto de vista económico, que se carguen  al usuario que sí paga por su servicio de  energía  las pérdidas que tienen las distribuidoras Deocsa y Deorsa.

En el 2014 —siendo Urízar presidenta de la CNEE—, no les fue reconocido el total de las  pérdidas solicitadas.  

¿Es posible que se reconozcan en el VAD las pérdidas por hurto de energía e incobrabilidad del servicio?

Dentro del procedimiento del VAD creo que es un poco complicado, porque el mismo  procedimiento considera los  criterios técnicos de la evaluación de una tarifa.

Generalmente, refleja las pérdidas técnicas que son consecuencia de temas operativos o de ingeniería como  pérdida en la línea. Sin embargo,  las  pérdidas  por robo e impago de energía reciben el nombre de no técnicas, porque se deben a cuestiones exógenas a la operación del distribuidor y que están fuera del alcance de lo que puede hacer él solo con inversiones propias.

¿Se ha reconocido alguna vez por esas dos razones?

En el pasado y en todas las fijaciones de los VAD, este no se ha reconocido porque no hay forma de poder cuantificar, aunque en el último estudio que hicieron se trató de hacer una aproximación.


El regulador se ha mantenido un poco ajeno, porque el procedimiento que establece la ley no da cabida para eso.
Habrá que ver qué considera el  regulador actual.  Tiene que ver qué le permite la ley y qué no,  y  si se han hecho algunos esfuerzos por tratar de cuantificar esa conflictividad, y el efecto que tiene sobre la tarifa ha venido creciendo. 

En el  2014, cuando presidía  la CNEE, expuso  que los usuarios que sí pagan por el servicio no debían asumir ese costo. ¿Mantiene la misma postura?

Mi posición continúa como en el 2014, y ahí era mucho más enfática siendo parte del regulador.

Es complicado reconocerlas,  porque el símil que mencionaba es que esas pérdidas no técnicas, que al final es robo de energía, son  el equivalente a lo que  un empresario enfrenta con el robo de su producto o bienes en otros sectores productivos. Entonces, cargárselo al usuario que sí está pagando es un poco complicado justificarlo desde el punto de vista económico.

¿Cómo puede resolverse la situación de la conflictividad hacia el tema de la energía, que ya lleva varios años?

Ese tipo de problema excede a lo que el sector eléctrico puede dar una solución. El problema ha ido incrementándose.  El robo de energía está tipificado en el Código Penal, pero sigue aumentando precisamente porque no hay castigos y el estado de Derecho no ha hecho cumplir y exigir, pero eso está fuera de lo que es la signatura del regulador y del Ministerio de Energía. Eso ya es labor del sistema de justicia.

¿Qué se debe hacer  para disminuir la conflictividad y el impacto a  la  empresa?

Es un problema que excede a las autoridades eléctricas, tiene que ver con el estado de Derecho,  el sistema de justicia y la  precariedad de hacer cumplir la ley a través de castigos que eliminen la motivación de robar. Pero  sí tiene un efecto sobre el sector eléctrico porque afecta la liquidez de la distribuidora.

Carranza: “Está en riesgo el suministro”

Dimas Carranza, gerente de regulación y tarifas de Energuate, afirmó que la solicitud de cobrar al usuario como parte del VAD las pérdidas por robo de energía y servicios incobrables tiene  respaldo técnico y legal.

De no reconocerse la totalidad y de continuar la conflictividad, el ejecutivo indicó que se pone en riesgo no solo a las distribuidoras Deocsa y Deorsa, sino al resto de la cadena de suministro de electricidad.

Energuate presentó a la CNEE su propuesta del Valor Agregado de Distribución (VAD), que debe entrar en vigor el 1 de febrero del 2019. 

¿A qué se debe la solicitud de que el resto de usuarios pague dentro del VAD por las pérdidas por robo de energía o por casos incobrables?

En el 2014, la CNEE dijo que no se iban a  reconocer, pero no nos dio ninguna justificación técnica o  regulatoria. Lo volvemos a presentar, porque la  ley y su  regulación sí  definen el tema de pérdidas técnicas y no técnicas, aunque  no definen un valor establecido.

Es normal en cualquier parte del mundo que las reconozcan. Obviamente, es poco habitual en otros países  tener el volumen de pérdidas por robo de energía  como las que tenemos en  Guatemala.

¿La CNEE les reconoció algo para el VAD para el quinquenio del 2014 al 2019?

Sí las ha reconocido, pero no en el nivel solicitado. A Deocsa le fue reconocido por pérdidas por robo  alrededor de 4.5%, a Deorsa de 3.9%. A EEGSA, 2.2%. También se tomó en cuenta hace cinco y hace 10 años.  Por cuentas incobrables  por la conflictividad social se reconoció 0.5% a Deocsa y Deorsa y un poco menos a EEGSA.

¿Por qué consideran que no es  suficiente ese porcentaje?

No es suficiente. En Deocsa tenemos pérdidas de 22% y estamos solicitando 19% para el 2019,  entre pérdidas técnicas y no técnicas. De eso, 8.5% son de pérdidas por  robo e incobrables en Deocsa, mientras que en Deorsa son de 6%.
Que nos aprueben menos no solo pone en riesgo a Energuate, sino que  nos  dejan en una situación que  pone en riesgo a toda la cadena del suministro  eléctrico. Habrá déficit de caja y no se van a poder cumplir compromisos de pago a proveedores.

¿A cuánto ascienden las pérdidas por esos rubros?

Energuate está perdiendo US$50 millones al año; de esos, US$28 millones son por robo de energía y US$22 por cuentas incobrables.

Son cálculos que la CNEE posee para los  ajustes trimestrales de la tarifa. Determina el robo de la energía  y se lo descuenta a Energuate.

¿Qué proponen para disminuirlas?

En el estudio del VAD  que se presentó este año a la CNEE, se incluyeron acciones transitorias en donde se   define una senda para  reducción de pérdidas no técnicas, pero difícilmente podemos salir de eso si no se aplican las  obligaciones del Estado de Guatemala en términos del hurto de energía.

Si no se corrige ahora, va a estar en riesgo no solo la sostenibilidad de Energuate, sino de todo el sector.

¿Han presentado denuncias por robo de energía?

A la fecha, Energuate ha presentado  dos mil 300 denuncias por esos ilícitos,  y se han emitido 90 órdenes de captura, y de esas han ejecutado 88. De las capturas  se ha  condenado a 40 personas, pero en la actualidad  ninguna está detenida, porque  han pagado multas que van entre Q100 a Q15 mil, y salen libres.

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