Conflictividad cuesta a Guatemala Q6 mil 500 millones

El impacto de la conflictividad ilegítima contra proyectos de generación de energía y expansión del sistema eléctrico ha costado al país Q6 mil 500 millones, según el  estudio efectuado por la firma Central American Business Intelligence (CABI).

La hidroeléctrica Sacjá, ubicada en Baja Verapaz, se encuentra suspendida desde abril de este año, cuando fueron destruidas varias instalaciones.
La hidroeléctrica Sacjá, ubicada en Baja Verapaz, se encuentra suspendida desde abril de este año, cuando fueron destruidas varias instalaciones.

El monto representa 6.7% del producto interno bruto (PIB), dijo Paulo de León, consultor de Cabi, al dar a conocer el estudio Impacto socioeconómico de la conflictividad sobre el modelo eléctrico de Guatemala.


Ese dato refleja ingresos que han dejado de recibir guatemaltecos en edad de trabajar por pérdida de oportunidades que podrían generar inversiones que provean 160 mil empleos directos e indirectos, agregó.

Según resultados del informe, el Gobierno ha dejado de percibir Q3 mil cien millones de impuestos.

De León explicó que efectuaron el análisis del impacto en tres escenarios alternos sobre los planes de Generación del Sistema Eléctrico del país 2013-2030 que estableció el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De continuarse con este escenario —de no resolver los conflictos existentes y que surjan nuevos al 2030—, las pérdidas llegarían a Q43 mil millones añadió el consultor.

Modelo de electricidad en riesgo

En los escenarios 2 y 3, que reflejarían aumento en la conflictividad ilegítima, se estiman pérdidas de Q78 mil millones y Q157 mil millones al 2030 respectivamente, que significarían 11.5% hasta 22.7% del PIB, agregó.

Esos comportamientos analizados pone en riesgo el modelo eléctrico y la economía del país según la firma.

La conflictividad social ilegítima, según Cabi, es la que usa métodos y actos criminales con la intención de sabotear proyectos enfocados en una ideología o agenda política. A diferencia de la conflictividad social legítima, que surge del reclamo de poblaciones excluidas en sus planes de inversión y atención pública, agrega la firma.

La falta de voluntad ha provocado que no se resuelvan situaciones como esa, expuso de León, e indicó que es necesario continuar con las mesas de diálogo.

Efectos aún no cuantificables son erosión de la imagen de país para atraer inversión, aumento de riesgo al sistema bancario y una crisis de inversión.

Además de los efectos que pueda tener en el estancamiento de más generadores y redes de transmisión, enl a diversificación de la matríz energética o en posible en costos de la energía y alza a tarifas al consumidor. 

Acciones para fortalecer el modelo

El estudio sugiere que se devuelva la certeza jurídica y se detengan los ataques que generan desconfianza hacia el país.

Recomiendan además cuatro acciones como la reforma al Código Penal para aumentar penas por hurto de energía, regulación del servicio de alumbrado público, mejorar la regulación de los pasos de servidumbre y definir un reglamento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo repecto a las cinsultas a los pueblos indígenas. 

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Otras medidas son mejorar el método para aplicar el subsidio a la tarifa por parte del Inde, que con esos recursos se siga la electrificación para integrar 1.5 millones de personas que hacen falta, crear  la metodología para la  tasa de alumbrado público y fortalecer la red de transporte.      

La cadena de energía

Energuate refirió que las pérdidas en este año han sido de Q370 millones, de estos Q203 millones son por pérdida directa por robo y Q167 millones por impago, según el vocero Maynor Amézquita. Hay más de 900 comunidades en conflicto con la distribuidora que significan unas 126 mil personas.

Rodrigo Ronquillo, gerente de desarrollo sostenible de Trecsa dijo que de 866 kilómetros adjudicados a la firma para construir y operar la línea de transmisión según el PET-1 aún les falta 300, algunos han sido suspendidos por pasos de servidumbre o autorizaciones municipales y otros por rechazo al proyecto.

Por conflictividad, al menos 16 proyectos hidroeléctricos que representan inversiones por unos Q11 mil 031 millones no se han podido ejecutar según la Asociación de Generadores de Energía Renovable.

Obstáculos a la inversión

El país registra incidentes, algunos violentos, en varias áreas. Entre los más recientes están:

  • Coatepeque: Entre julio y agosto de este año, Energuate suspendió el servicio a pobladores por robo de energía e impago.
  • Ixquisis: La Franja Transversal del Norte, en el área de Huehuetenango, fue bloquead por un grupo opositor.
  • Guatemala: Desde el 2013 está suspendido el proyecto para  la línea de transmisión de Trecsa, en   San Raymundo.
  • Sacjá: En abril último dejó de operar la planta en Baja Verapaz. El intento de reactivación originó nuevos disturbios.

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