Los diputados no dejan de converger en el epicentro de la vergüenza y sus constantes dislates y acciones oprobiosas los ponen en evidencia, como ocurrió en los últimos días, cuando llegaron al extremo de votar por un aspirante a la Corte de Apelaciones que ya había fallecido y por otro candidato que se encuentra tras las rejas.

Si bien estos constituyen episodios causantes de una mezcla de hilaridad y de desazón proveniente de una de las peores legislaturas de toda la historia nacional, hay otros yerros de mayor gravedad que atentan contra la democracia, aunque sea tan sui géneris como la de Guatemala, y apuntan por cerrarle el paso a cualquier posibilidad de depurar un sistema ya totalmente insostenible, que continúa haciendo un enorme daño social cuya reparación, sin duda, tomará muchos años.

La semana anterior, el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, tuvo la infeliz ocurrencia de proponer que en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que discute el Congreso se elimine la exigencia de que los aspirantes a cargos de elección popular presenten finiquito, uno de los requisitos que han evitado el ingreso de personajes aún peores que quienes han llegado al Parlamento.

El argumento esgrimido es que un impedimento de esa naturaleza debería ser efectivo hasta que un aspirante enfrente una condena en firme, lo cual resulta hasta risible en un sistema judicial pervertido por los mismos políticos, quienes son los mayores beneficiarios de los altos indicadores de impunidad, ante una justicia sometida a su voluntad.

Semejante propuesta implicaría que el montón de funcionarios hoy tras las rejas, en procesos judiciales e incluso los prófugos podrían continuar en sus cargos mientras no sean sentenciados, lo cual raya en la insania y constituye una propuesta irresponsable de quienes impulsan tan descabellados proyectos.

No se debe permitir que esas irresponsables proposiciones tengan la más mínima posibilidad de avanzar, porque sería dar un paso más hacia la degradación de un sistema urgido de rescate, pues también es una de las causas de la rampante corrupción, que tiene al país en una de sus peores crisis de gobernabilidad y con amenazas externas de imponer sanciones a quienes impulsan medidas a favor de la impunidad.

Ya basta de que los diputados continúen legislando a su favor y en beneficio de quienes ya enfrentan cargos por su excesiva inmoralidad en las más altas esferas de poder. En cambio, una y otra vez se han rechazado los cambios que demanda la ciudadanía, porque no existe la más mínima voluntad de enmienda y más bien todo apunta a un reforzamiento de todas las estructuras cuasicriminales, tan favorables al debilitamiento de las instituciones.

Los diputados de las bancadas mayoritarias, vinculadas con el certeramente llamado Pacto de Corruptos, dieron ayer un nuevo zarpazo con la elección de 15 magistrados a las salas de Apelaciones. El acuerdo, que era vox pópuli en corrillos parlamentarios, materializa una alianza con la que se refuerza la cooptación del Estado, de lo cual los guatemaltecos ya estamos hartos, por ser muestra de más sometimiento de altos representantes del Organismo Judicial al poder político, a causa de que tales designaciones surgen de oscuras negociaciones.