Seguirle la pista al dinero se ha convertido en tópico desde que dos periodistas de The Washington Post recibieron esa consigna para esclarecer las implicaciones del presidente de Estados Unidos y varios de sus más cercanos colaboradores en un caso de espionaje a la sede del Partido Demócrata en Washington, a principios de la década de 1970.

Desde entonces ha sido una guía válida para profundizar sobre muchos casos de corrupción, de manejo dudoso de recursos, de financiamiento ilícito en campañas electorales y ahora, en nuestro medio, para tratar de comprender quiénes en Guatemala podrían estar interesados en financiar una campaña supuestamente para mejorar las relaciones con Estados Unidos, para defender a los migrantes o desprestigiar a quienes enarbolan la lucha contra la corrupción.

Cuatro diputados cargan sobre sus hombros el desprestigio de liderar esa iniciativa, y entre versiones contradictorias, pueriles e inverosímiles se resisten a revelar quiénes son las personas que estarían en capacidad de pagar 80 mil dólares mensuales, durante un año, en una labor de cabildeo sobre la cual no todas las cartas están en la mesa.

Es probable que sea cuestión de tiempo para que el origen de esos recursos se pueda conocer, porque el hecho ha trascendido el ámbito nacional para alcanzar hasta al mismo gobierno estadounidense, donde se vincula al vicepresidente Mike Pence con la firma de cabildeo que prestaría el servicio a los congresistas guatemaltecos Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Julio Lainfiesta y Óscar Quintanilla, cuatro de los más cuestionados de la actual legislatura.

Un reporte del diario londinense The Guardian revela que varios empleados de la empresa de cabildeo Barnes & Thornburg trabajaron en la campaña electoral del actual vicegobernante estadounidense, uno de los socios es su actual asesor y otro trabajó como consejero general adjunto cuando él era gobernador de Indiana, sede de la empresa contratada por los diputados y también para propósitos similares por el amigo y cercano colaborador del presidente Jimmy Morales, Marvin Mérida, quien fungió como embajador en tema de migrantes.

Mientras se esclarece a quiénes conduce el financiamiento de una de las campañas más polémicas de relaciones públicas para lavarle la cara al Congreso y al gobernante guatemalteco, queda un largo trecho por recorrer y aun investigar las irregularidades y posibles ilícitos en que habrían incurrido los congresistas firmantes de ese contrato, lo cual hace mucho más necesario conocer a los patrocinadores, por el posible origen sucio de esos recursos.

Antes de rasgarse las vestiduras por la ofensa a la dignidad, estos diputados tienen la obligación de aclarar cuáles son las verdaderas intenciones de convertirse en prestanombres para una campaña cuestionada, pues ni ellos mismos pueden ponerse de acuerdo en una versión convincente para el desembolso de una cifra millonaria, pero sobre todo tener presente que este caso ya tocó importantes intereses en Washington, principalmente de la oficina vicepresidencial, cuyo ocupante estrechaba hace poco más de una semana la mano del mandatario guatemalteco en Miami.