Una de las facetas más lamentables de la corrupción es la que saca a flote la necesidad de muchas otras complicidades para su pleno funcionamiento, dentro de las cuales existe una gama de acciones criminales que se conjugan para tratar de no dejar huellas, a fin de acallar y de eliminar las voces críticas.

Ayer se conoció un grotesco capítulo de la interminable saga de la corrupción, con la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público en contra del alcalde de Las Cruces, Petén, René Gilberto Reynosa Alegría, integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza, a quien se sindica de haber mandado a asesinar a otro miembro de la mencionada corporación edilicia.

Por lo menos 15 allanamientos se efectuaron en el municipio fronterizo con México, con el objetivo de desarticular una estructura de sicarios, a quienes se vincula con el brutal asesinato del concejal primero Ervin Orlando Sánchez Andrade, quien habría denunciado actos de corrupción de las autoridades municipales de esa población y por lo cual el jefe edil acusado lo habría mandado a matar.

Este suceso tiene trascendencia porque los hechos evidencian el modus operandi de las estructuras criminales que sin el menor escrúpulo empiezan con la apropiación indebida de los recursos, el amaño de procesos, sobrevaloración de obras o el afán por hacer poco transparente la gestión hasta el acallamiento de quienes denuncian, sin más límite que el de su propia ley.

No deja de ser estremecedora la posibilidad de saber que un puñado de políticos pueden tener a su servicio a grupos de sicarios capaces de quitar del camino a quienes se interpongan en sus criminales negocios, pero esa es una cruda realidad en nuestro medio, donde el acallamiento de voces se ejerce desde diferentes modalidades.

Es inconcebible que resistirse a ser parte de esos engranajes de corrupción se traduzca en muerte, silencio o acoso económico, como era mucho más común durante los regímenes de los años ochenta, una época en la cual se hizo famosa la frase de silencio, entierro o destierro para todos los opositores o críticos de cualquier extralimitación de las fuerzas de seguridad.

Aunque esos casos han disminuido en la capital, no han desaparecido en los departamentos, y Guatemala registra un largo y tenebroso historial de víctimas de los brazos armados de las redes de corrupción. Ahora son otros los mecanismos, quizá mucho más onerosos, que se emplean para desacreditar a quienes mantienen la denuncia y la exigencia sobre la necesaria transparencia en la gestión pública.

La mayoría de los casos de millonarios saqueos o fraudes en los entes públicos van de la mano con historias de terror y ni siquiera hay que escarbar tan hondo para encontrar los huesos o el extrañamiento territorial de quienes atestiguaron un capítulo del saqueo.

Por eso preocupa este nuevo caso de autoridades vinculadas con redes de sicariato, porque se ratifica que la corrupción requiere del acompañamiento de otros sujetos del crimen para garantizar su éxito, los cuales tienen como fin último delinquir y eliminar a quienes interfieran en sus incalificables negocios, confiando en la total impunidad.