Desde la mañana de ayer se conoció de manera extraoficial que el presidente Otto Pérez Molina por fin se había convencido de la necesidad de apoyar la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que había pensado comunicarlo al cuerpo diplomático acreditado en el país, con el cual se reunió ayer por la tarde, y que esperaría un día más para que se hiciera pública esa decisión. En efecto, al final de la tarde declaró que piensa analizar las recomendaciones de la instancia que él mismo formó para evaluar si cambiaba su posición tajante de rechazo a la entidad creada por la Organización de las Naciones Unidas.

Es difícil entender la decisión presidencial de esperar porque el tiempo no está en manera alguna a su favor. Ni siquiera debe preocuparse por las indudables críticas y señalamientos de haber sido obligado a cambiar de parecer, como era su postura de hace algunos días cuando los periodistas le inquirían al respecto. El mandatario guatemalteco también debe tener claro que, dadas las circunstancias, la aceptación de la Cicig debe ser hecha sin el menor intento de introducirle cambios a su mandato.

La comisión creada por el presidente para analizar la continuidad de la Cicig dio cinco recomendaciones, las cuales, en esencia, refuerzan la idea acerca de la necesidad de esa prórroga, lo cual implica que se le brinde todo el apoyo necesario y que a su vez colabore con un plan de trabajo para la modernización del sector justicia. Sin embargo, dos de esas sugerencias necesitan una revisión detenida porque pueden implicar riesgos, uno de estos es que se introduzcan reformas legales y/o constitucionales que no estén debidamente consensuadas y por lo cual es imprescindible ese acompañamiento.

La última de esas recomendaciones es casi imposible que sea aceptada por la ONU: “definir el órgano ante quien la Cicig deberá rendir cuentas de sus acciones”. Eso ya está definido, y la independencia es el factor primordial para que sea exitosa la tarea de este ente. Lo comprueba el caso causante de la crisis actual del Gobierno, que no se hubiera descubierto si la acción del Ministerio Público y ese ente internacional hubiera necesitado una autorización guatemalteca.

El presidente no debe perder más tiempo. Ahora la atención de los ciudadanos se centra en su decisión y cómo actuará el sistema judicial del país, cuya falta de credibilidad se ha profundizado porque la jueza Marta Sierra de Stalling liberó bajo fianza casi de inmediato a seis de los acusados de integrar la vasta red de corrupción que llegó al centro del Organismo Ejecutivo a causa de la relación del principal sindicado con la vicepresidenta Roxana Baldetti. Tampoco se puede olvidar que en el péndulo se encuentra la calificación de Estado fallido.

El Congreso tampoco ayuda. De hecho no existe porque los diputados, casi sin excepción, se encuentran en campaña preelectoral fuera de la ley. El tiempo es un factor que está en contra del mandatario, quien parece haber comprendido cuál es la magnitud de las consecuencias inmediatas y a largo plazo de las capturadas efectuadas el jueves anterior.