Expresémoslo directamente: la corrupción en Guatemala tiene como núcleo central la relación empresarios-políticos. Importante es aclarar que no todos los empresarios y los políticos son corruptos. Pero cuando sí lo son, destruyen por completo la institucionalidad, los valores genuinos del mercado y dañan severamente la moral pública. La fórmula funciona con simpleza, aunque sus efectos son devastadores. Los políticos fundan un partido, buscan tener el mayor número de afiliados y la mayor representación nacional, bajo cualquier instancia adhieren a aquellas personas que mediante  candidaturas les garantizarán puestos municipales, parlamentarios e incluso presidenciales. Logrado esto venden su proyecto al mejor postor, los compradores son generalmente empresarios que luego de otorgar financiamiento ilícito habrán de cobrarse con creces la factura mediante tres mecanismos en particular: 1. Se convierten en “contratistas” del Estado. 2. Concretan la cooptación del Estado apropiándose de la direccionalidad de las instituciones públicas, poniéndolas al servicio de sus intereses corporativos. 3. Se convierten en propietarios de diputados y bancadas, las cuales operan directamente a favor de sus intereses. Así funcionan la corrupción, la cooptación del Estado y la impunidad.

La corrupción roba los fondos públicos, lo cual provoca que los hospitales estén en un estado deplorable, las escuelas colapsadas, inseguridad ciudadana en ascenso e infraestructura destruida. Le impide además al pueblo contar con funcionarios honestos, capaces y experimentados. Eso explica por qué la mayoría de funcionarios en Guatemala son personas incapaces de demostrar un verdadero aval académico y mucho menos honestidad. Basta revisar el personal vigente en la mayoría de las instituciones públicas para determinar que responden y pertenecen directamente a las redes del crimen organizado. El secuestro de las instituciones públicas ha sido la mayor tragedia de nuestro país. Legiones de “funcionarios” ineptos y corruptos han desfilado por los puestos públicos desde 1986 a la fecha. Los efectos están a la vista: nuestro país evidencia los indicadores socioeconómicos más deplorables de América Latina. No hay autoridad mientras la anarquía y el caos se apoderan de nuestra vida diaria.

La lucha que se ha iniciado en contra de la corrupción en Guatemala, centralizada en la Cicig y su aporte inmediato en el accionar del Ministerio Público, ha demostrado que sí es posible desarticular esas nefastas redes. Pero todos sabíamos que ese esfuerzo implicaba grandes riegos y monumentales desafíos. Y hoy lo vemos. Muchos actores vinculados a la corrupción —piezas diversas de un tablero fatídico— se han unido, recurriendo a toda práctica posible para confundir a la población. Han intentado hacernos creer que existen dos bandos sociales en el país, los pro Cicig y los anti Cicig. Nada más falso. La mayoría de la población rechaza y detesta la corrupción, mostrando simpatía por todo lo logrado por la citada comisión internacional. Este momento coyuntural que vivimos en Guatemala será determinante para marcar nuestro futuro: la creación de una cultura de legalidad sustentada en un verdadero estado de Derecho o la degeneración definitiva de nuestra institucionalidad que nos perfile como un Estado bárbaro y degradado, en donde la conflictividad y la ingobernabilidad nos hundan en el peor de los abismos. La lucha global contra la corrupción y la organización y la participación de nuestra sociedad civil deben fortalecerse aceleradamente hasta derrotar tan nefasto flagelo.

manuelvillacorta@yahoo.com