El presidente Jimmy Morales y quienes cogobiernan con él deben entender que necesita detener su hostigamiento contra la Cicig e Iván Velásquez, antes de que la máxima instancia en materia constitucional le vuelva a enmendar la plana y coseche más críticas muy serias fuera de las fronteras nacionales.

El pasado miércoles, el abogado Alfonso Carrillo Marroquín presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que el presidente y el Congreso se abstengan de encaminar acciones para entorpecer el trabajo de la Cicig o emprender nuevas iniciativas para expulsar al comisionado.

Nadie en el círculo cercano al gobernante parece tener claro que este ha perdido calidad para actuar como lo está haciendo, por ser uno de los sindicados en investigaciones por financiamiento electoral ilícito en la campaña electoral del 2015, lo cual le resta credibilidad a cualquier emprendimiento de su gobierno, sobre todo cuando afirma que apoya a la oficina de la ONU, pero sin el actual titular.

Ocurre lo mismo con la actual canciller, Sandra Jovel, quien tiene estancado un proceso por adopciones irregulares, en cuyas investigaciones y sindicaciones también participó la Cicig. Pierde idoneidad para encabezar una supuesta causa en defensa del país porque tiene un claro conflicto de intereses, lo que no solo la descalifica, sino la obliga a separarse de cualquier acción en contra del funcionamiento de esa oficina anticorrupción.

En el actual Congreso, donde existen varios diputados encausados por actos de corrupción, empezando por su actual vicepresidente, Felipe Alejos, sindicado de obtener beneficios irregulares como traficante de influencias, cualquier postura crítica u hostil hacia la Cicig no tiene sentido porque podría estar encaminada a coartar el funcionamiento de esta comisión y de cerrarle el paso a investigaciones contra algunos legisladores.

La combinación de sindicaciones sobre un poderoso grupo de políticos y la mala asesoría que ha recibido el presidente Morales, junto a relaciones comprometedoras, lo han llevado a un callejón sin salida, del cual solo podrá librarse a costa de su propio prestigio y quedará como la figura responsable de haber encabezado esfuerzos por detener la lucha contra la corrupción, como se puede interpretar válidamente luego de sus últimas acciones.

Ha aumentado, además, la presión internacional por demandarle al gobernante el respeto a esa instancia internacional y en cada paso que da su gestión trasluce una mala asesoría que le ha complicado las cosas y las ha llevado a niveles indeseables para el país. Muchas de sus acciones son percibidas como un claro boicoteo a las tareas en favor de combatir la criminalidad de cuello blanco, como lo revelan algunos cambios en la administración pública.

No existe la menor posibilidad de que esas estructuras puedan llevar al mandatario a una victoria, porque avanzan contracorriente y contra una de las entidades que más resultados ha dado en el combate de la corrupción. Eso se ha logrado a partir de la intervención del tercer comisionado al frente de la Cicig, y no será fácil desbaratarla cuando Guatemala aparece como uno de los países más corruptos del mundo.