Liberal sin neo

Espinudo problema jurídico y político

Fritz Thomas fritzmthomas@gmail.com

En Antígona, la tragedia de Sófocles, se confrontan dos nociones del deber: el familiar, que debe respetar las costumbres y prácticas religiosas, y el civil, que manda el cumplimiento de las leyes del Estado. El rey Creón de Tebas prohíbe que se le rindan los ritos fúnebres al cuerpo de Polinices; su cuerpo debe ser dejado a la intemperie, para que sea devorado por los buitres. Antígona, hermana de Polinices, entierra el cuerpo e intenta realizar los ritos funerarios, pero es capturada por los centinelas del rey. Antígona es llevada ante el rey Creonte y explica que ha desobedecido porque las leyes humanas no pueden prevalecer sobre las divinas. Además se muestra orgullosa de sus actos y no teme las consecuencias.

La coyuntura que se vive en Guatemala, con la confrontación entre el gobierno de Jimmy Morales y la Corte de Constitucionalidad, dista mucho del problema entre lo justo y lo legal planteado por Sófocles hace más de veinticuatro siglos. Sin embargo, presenta problemas difíciles cuya debida comprensión no puede verse solamente desde la perspectiva de los buenos y los malos, ni se presta fácilmente a una interpretación jurídica carente de ambigüedad.

El pasado 5 de septiembre, el presidente Jimmy Morales anunció la decisión de no permitir la entrada al país a Iván Velásquez, jefe de la Cicig. Once días después, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaron un amparo que ordenaba al Ejecutivo permitir el ingreso al país del jefe de la Cicig. El Gobierno presentó varios recursos contra la resolución y la CC los desestimó, declarando que Velásquez no tiene impedimento para ingresar al país y que el Gobierno debe acatar su orden. A mediados de diciembre, el Gobierno dio como plazo 72 horas para que abandonen el país 11 abogados e investigadores de la Cicig a quienes se les revocó o denegó la visa de trabajo. Diversas organizaciones presentaron varios recursos y la CC emitió una resolución dando un plazo de 12 horas al Ministerio de Relaciones Exteriores para que extienda visas de cortesía a los funcionarios de Cicig.

Por un lado están las órdenes del Ejecutivo, que prohíben la entrada al país de Iván Velásquez y los 11 abogados e investigadores de Cicig, y por el otro, los fallos de la CC, que anulan estos actos y ordenan se permita su ingreso. Este impasse crea las condiciones para una crisis institucional de primera magnitud. Otorgar o negar visa para ingresar al país compete al Ejecutivo, y si bien al parecer debe acatarse lo dispuesto por la CC, no queda claro si lo actuado por la Corte es de su competencia o si ha resuelto conforme a derecho o a conveniencia política. Una pregunta es si el actuar del Ejecutivo está apegado a la ley y otra es preguntarse si es “conveniente”. Las mismas preguntas pueden formularse sobre las acciones de la CC. Un ámbito de análisis es lo que conviene, sí o no a la Cicig, que la lucha contra la corrupción, el pacto de corruptos o el tema de soberanía, abuso de autoridad y persecución selectiva. Otra cosa muy distinta es el tema estrictamente institucional; ¿las resoluciones de la CC se obedecen en todo caso y sin discusión o cabe retarlas jurídicamente? ¿Esta crisis se resolverá dentro del marco jurídico o con acciones de hecho? ¿Qué herramientas tiene el Ejecutivo dentro del marco institucional? ¿Qué herramientas tiene la CC para hacer cumplir sus órdenes?

No queda claro cómo podría ser el desenlace de este pulso entre el Ejecutivo y la CC, o si se resolverá en términos de “lo que es bueno para el país” o en el marco de la correcta aplicación e interpretación de la ley.

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