Hace algunos años, el Icefi publicó el documento titulado Política Fiscal y Protección Social en Estados Pequeños. Comparando Escandinavia y Centroamérica, el cual plantea lineamientos para reducir en buena medida las desigualdades socioeconómicas en el Istmo a través de la implementación de Estados de Bienestar (los programas sociales hoy por hoy solo reducen mínimamente la pobreza extrema, aumentan la general, están desvinculados del desarrollo económico, son clientelares y opacos).

Actualmente, el modelo escandinavo se encuentra en una encrucijada institucional: ¿Cómo hacer sostenible presupuestariamente el modelo en el mediano y largo plazo? y ¿cómo blindar el modelo ante las lógicas multiabarcadoras del capitalismo global, donde los Estados son transnacionales y están supeditados al mercado neoliberal?

Traigo esto a colación porque parece importante reflexionar sobre los factores necesarios para construir un Estado de Bienestar ampliado (salud, educación, vivienda popular, seguridad alimentaria y nutricional, empleo, sistema de pensiones y seguridad ciudadana), basado en políticas fiscales agresivas (ampliación de la base tributaria, impuestos proporcionales y progresivos, ambos son necesarios), en partidos políticos como meras instituciones de la democracia, en un Estado interventor en los procesos económicos y productivos (empresas públicas controlando bienes y servicios estratégicos), en legislaciones y políticas públicas que prioricen el bienestar común, y en una ciudadanía que reivindica, cogobierna y evalúa el cumplimiento de sus derechos colectivos.

La Primavera Democrática de 1944-1954 y los conatos desarrollistas intentaron darle una vocación social al Estado. Empero, la concentradora estructura económica (pocos ricos, muchos pobres), el militarismo permanente, el racismo imperante y el hartazgo de la clase política mataron el espíritu de una sociedad más equitativa, más ética y más pacífica.

Las claves escandinavas han sido la estabilidad política (Guatemala, El Salvador y Nicaragua con cruentos conflictos armados internos), burguesías progresistas (en casi todos los países de la región las oligarquías agrarias truncaron el proyecto liberal, excepto en Costa Rica), la formalización del empleo de las mujeres (el patriarcalismo se refleja en la inequidad de ingresos de las mujeres), la transformación del modelo de desarrollo (en Guatemala, una hibridez: semifeudal, preliberal y neoliberal), escasa intervención extranjera en asuntos internos (Centroamérica y Guatemala como metaaldeas controladas por Estados Unidos), mejor inserción al proceso globalizador (el fracaso del Mercado Común Centroamericano, la imposible integración regional y economías pequeñas abiertas sin soberanía política), y la democratización de las élites (grupúsculos ultraconservadores que no creen en la democracia, ni en el estado de Derecho), es así como la institucionalización de un Estado de Bienestar se ve lejano, porque a su vez hay un Estado ausente e ineficaz en los territorios, un fiambre de clanes partidarios proempresariales y procrimen, y un mercado oligopolizado y amoral.

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