Las autoridades del Ministerio Público en Retalhuleu tienen en sus manos un caso que reclama acción inmediata, sin evasivas y con una decisión abierta y honesta de cooperación desde el Ministerio de la Defensa Nacional: el martes fue violada una estudiante del Instituto Adolfo V. Hall dentro de las instalaciones de esa institución educativa militar.

La estudiante fue trasladada en estado de ebriedad al hospital regional y, según un despacho noticioso de nuestro corresponsal, las autoridades del Instituto se han limitado a decir que serán castigados los responsables. Al parecer, las autoridades del Hall del Sur no están conscientes de la gravedad del caso ni de que se trata de un delito cometido en sus instalaciones contra una menor de edad, por lo que resulta inconveniente y preocupante la citada declaración.
Las autoridades del Ministerio Público en Retalhuleu tienen en sus manos un caso que reclama acción inmediata, sin evasivas y con una decisión abierta y honesta de cooperación desde el Ministerio de la Defensa Nacional: el martes fue violada una estudiante del Instituto Adolfo V. Hall dentro de las instalaciones de esa institución educativa militar.

Por tratarse de una menor de edad, se puede descartar que los hechos hayan ocurrido con su consentimiento, lo cual también se colige del despacho de prensa. El Código Penal se refiere al tema y sus agravantes en los artículos 173, 174 y 175, cuando hace referencia a la edad, el alcoholismo que podría haber afectado a la víctima y la posibilidad de que uno de los encargados de su educación sea el responsable. Esto tiene que ser confirmado de inmediato y no deberá existir la mínima duda acerca del esfuerzo institucional por descubrir a los responsables.

Las instituciones educativas, sean militares o civiles, tienen entre muchas otras la responsabilidad de velar por la integridad física de sus estudiantes. Los casos de abusos como este o como muchos otros que ocurren sin que sean denunciados o prosperen son parte de las noticias más desagradables que se viven, no solo en Guatemala, sino en el resto del mundo. Lo importante que se debe resaltar es que cuando algo así ocurre y llega a los medios de comunicación, cuando menos se está haciendo la denuncia pública, mínimo avance en busca de justicia ante la criminalidad.

En el caso de la estudiante hallista, el hospital que la atendió hizo lo correcto al informar al Inacif. La cadena de justicia siguió funcionando cuando la denuncia llegó al MP. Ahora corresponde al Ministerio de la Defensa hacer una aportación fundamental y facilitar el trabajo para identificar a los culpables sin esconder a nadie ni permitir que se intimide a la víctima, a los testigos o investigadores. Es un tema de compromiso con la justicia y de honor por el que las fuerzas armadas deben responder, ya que el hecho involucra a una de sus alumnas, en sus instalaciones.

La sociedad está obligada a prestar la atención debida a la forma como este penoso e indignante hecho se gestionará. No se trata de un caso más, sino que tiene el agravante de que es una academia militar donde ocurrieron los hechos. La víctima es una de sus estudiantes y las primeras reacciones de las autoridades de ese centro educativo se refieren a que serán ellas quienes impartan justicia. Eso es incorrecto e ilegal, y los responsables de la Defensa Nacional deben proceder haciendo los cambios necesarios para que no se repitan ni los abusos ni las torpes expresiones con que se ha comenzado a abordar el tema.