Como mecanismo de presión, quienes dirigen la SAT la pueden utilizar en contra de aquellos que consideren hostiles a las autoridades de turno, pues buscan  por todos los medios  aplacar las críticas y cualquier desavenencia con el Gobierno. Este periódico vivió ya esa nefasta experiencia  cuando, en la administración de Alfonso Portillo, auditores de la Superintendencia permanecieron dentro de nuestras instalaciones durante meses, tratando de encontrar alguna anomalía contable, lo cual terminó en un fiasco para ellos.

Ese constituye uno de los precedentes de lo que pueden llegar a hacer autoridades que se muestran sumisas al poder político y que se prestan a sus repudiables maniobras. Desafortunadamente  la historia   se repite y hoy parece haber encontrado un nuevo objetivo: las empresas telefónicas, a las cuales se pretende someter a una férrea fiscalización por la venta de tiempo en los planes prepago, lo cual quizá obedezca al revés que representó no haberles  podido cobrar más impuestos.

Puede que el Gobierno tenga razón en poner la mirada en una posible fuente de ingresos, pero es sospechoso que esto surja precisamente cuando las cortes   han resuelto a favor de las telefónicas para que no paguen otro impuesto, el cual fue incluido de manera irregular en el nuevo plan de gastos. Durante la gestión anterior se buscó hacer lo mismo, y por alguna extraña razón  cesó de pronto el alboroto que se había armado en aquella ocasión, cuando, como ahora, se habían hecho cuentas felices para la captación de recursos millonarios que nunca llegaron.

Algunas de estas acciones pueden ser la justificación necesaria para explicar ese desborde de ambiciones por apoderarse de la dirección de la SAT, aunque estas no son las únicas. Lo cierto es que esa institución ni siquiera puede mantener el pleno control de todas las áreas en las que se pueden recaudar más impuestos o, por el contrario, existen claras omisiones en  algunos de los puestos de registro por los que fluye mercadería ilícita que se traduce en un descomunal contrabando, que es uno de los mayores agujeros para alcanzar las metas tributarias.

El ejemplo más grotesco es el de las aduanas, respecto de las cuales las autoridades prácticamente han sucumbido y eso ha permitido que desde el Ejecutivo se designen interventores que en nada han contribuido a mejorar la fiscalización, mientras que la iniciativa privada mantiene sus quejas por las altas cifras relacionadas con el contrabando. Otro argumento de peso que también explica por qué  tantos sectores están en abierta disputa por apoderarse de una entidad  condenada al fracaso si persiste esa nociva interferencia.