AL GRANO
Hay que mirar al futuro, no al pasado
Creo que la incursión en una sociedad más bien conservadora y contenida en sí misma, como lo era la Guatemala de los años treintas y los cuarentas, de un movimiento revolucionario de izquierdas, más bien nutrido de fuentes extranjeras que propias, tuvo consecuencias que persisten hasta nuestros días.
Así, durante las últimas casi ocho décadas desde la Revolución del 44, las izquierdas y las derechas han buscado ser o constituirse en un eco, en un sucesor histórico, de alguna de las manifestaciones de los movimientos originarios. Sus dirigentes sostienen que “la lucha sigue”, si bien “disfrazada” o por “otros medios”, pero que el afán por llegar al poder y permanecer en él, de la ideología contraria, permanece tan vivo como siempre.
"Los guatemaltecos tienen la opción de quedarse anclados en su pasado o mirar a un futuro de prosperidad".
No son pocos los que en la actualidad entienden que, al final de cuentas, la fuente de inestabilidad política que se vive radica en que la Cicig ha cerrado un pacto con las izquierdas y que sus objetivos son, según ellos, los de siempre. Del otro lado algunos identifican a ciertos grupos de empresarios, de políticos y de militares retirados como integrantes de una “red” que se propone defenestrar a la Cicig y “cooptar” al Estado, con los objetivos de siempre.
Creo que no hay necesidad de ser un analista político experto para comprender que, enredados de esa manera en los conflictos del pasado, no va a ser posible forjar un mejor porvenir. Para que este país salga adelante, para que su economía llegue a ser más próspera y todos encuentren en sus mercados mejores oportunidades de toda clase, debe mirarse al futuro.
En ese orden de ideas, ¿cuáles serían las bases de una convivencia más armónica y de una economía más productiva y capaz de crecer lo necesario para enfrentar la pobreza y todos los males sociales que le son connaturales?
Las bases son, a mi juicio, estatuir un régimen jurídico-político que reconozca la libertad del ser humano de labrar su propio destino; de hacerlo sin peligro de su vida, de su integridad personal ni de su integridad intelectual; que reconozca el derecho a los bienes propios y a disponer de ellos de acuerdo con leyes generales; y que establezca la obligación del Estado, por medio de sus órganos o de la financiación de organizaciones sin sesgo político, de articular sistemas para dar a quien no pueda sustentarse a sí mismo el apoyo, la asistencia o el respaldo necesario para que pueda llegar a ser un ciudadano productivo.
Pero, además de reconocer todos esos derechos, debe ser un régimen que los haga valer, que haga realidad el ideal del imperio del derecho por medio de jueces verdaderamente independientes.