De alto significado para el ejercicio de la libertad de expresión son tres hechos ocurridos durante las últimas horas. El primero de ellos relativo a la órdenes de captura solicitadas por el Ministerio Público contra personas vinculadas con un presunto negociador que habría sido el intermediario entre los ejecutores de un doble asesinato en Mazatenango y quienes ordenaron matar a dos periodistas, uno de ellos Danilo López, corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez.

Un segundo hecho de mucha relevancia es la condena a tres años de prisión inconmutables para el subinspector de la Policía Nacional Civil José Reginaldo de la Cruz, por abuso de autoridad, al haber detenido, sin que mediara orden judicial, al corresponsal de Prensa Libre en San Marcos, Aroldo Marroquín. Una sentencia que no tiene precedentes y que da un paso importante en la vía de defender el ejercicio periodístico, un derecho amparado por la misma Constitución de la República.

Ayer también se presentó el más reciente informe del Observatorio de los Periodistas, en el cual se detalla que en lo que va del año se han registrado 117 agresiones contra comunicadores. Uno de los puntos medulares presentados es la muerte de tres periodistas en Suchitepéquez: López, de Prensa Libre, y Federico Salazar, de radio Nuevo Mundo, quienes fueron atacados a balazos por sicarios, en el centro de Mazatenango.

A unas cuantas horas de cometido ese execrable crimen también fue atacado un camarógrafo de un canal local de Suchitepéquez, sin que hasta el momento esos asesinatos hayan sido esclarecidos plenamente.

También en el informe sobre agresiones a la Prensa, el fiscal de Delitos contra Periodistas, Ángel Ramírez, dijo que esa división retomó las investigaciones sobre otros 20 asesinatos contra comunicadores, ocurridos entre el 2000 y el 2011, una cifra demasiado elevada y que evidencia el enorme riesgo al que los periodistas se exponen al desempeñar su trabajo en Guatemala.

Tanto los indicadores de violencia en general, con tasas demasiado elevadas de impunidad, como las agresiones contra periodistas tienen el denominador común de mantener altos esos índices de impunidad, pues hasta ahora las condenas por esas agresiones y homicidios podrían contarse con los dedos de la mano. Por esa razón es que resulta estimulante la condena a un comisario de la Policía, porque es de los pocos castigos que se emiten contra trabajadores del Estado.

Aunque sean mínimas esas condenas, envían un poderoso mensaje para quienes en el ejercicio de sus cargos disfrutan de una dosis de poder e incurren en abusos, lo cual no se debe tolerar, mucho menos contra quienes poseen como única herramienta un lapicero o una computadora. En el fondo, el avance y reactivación de investigaciones por crímenes contra periodistas constituyen un valioso aporte en la defensa de la libertad de expresión, porque sin ese derecho cualquier democracia estaría vacía de contenido.