Hace menos de una semana, el ministro de Gobernación declaraba en nuestro espacio de Diálogo Libre que el Sistema Penitenciario no cuenta con un registro pormenorizado de los reos que se encuentran en los distintos reclusorios y ayer, curiosamente, las autoridades demoraron varias horas para poder hacer oficial la fuga de cuatro reclusos de la cárcel El Boquerón.

Esa confirmación requirió varios desmentidos acerca de la supuesta fuga, aunque lo cierto es que también existe la posibilidad de que hayan sido eliminados físicamente dentro de ese penal, que arrastra un triste historial de masacres, debido a que en su seno conviven muchos de los más peligrosos pandilleros, hacinados, al igual que en todos los centros carcelarios.

El ministro Francisco Rivas reconocía el pasado viernes en nuestra Redacción que la falta de infraestructura es una de las mayores debilidades del Sistema Penitenciario, lo cual repercute en un peligroso hacinamiento en todos los penales y en algunos están recluidos peligrosos integrantes de grupos pandilleros que han llevado su rivalidad a niveles de aniquilación.

Pero también se debe reconocer que este es un rezago que recae sobre las autoridades que han tenido la responsabilidad de velar por un cambio en ese modelo carcelario, porque no han hecho lo suficiente para que las condiciones cambien, y lejos de eso lo que más ha sobresalido es la persistente búsqueda de hacer negocios por medio de la construcción de obras.

De hecho, varios son ya los exministros de Gobernación que han enfrentado a la justicia por la fraudulenta administración de los recursos, al punto de que uno de ellos está detenido por la deplorable construcción de un centro penitenciario que rápidamente fue destruido durante una revuelta de pandilleros, en Fraijanes.

Eso no es lo único, siempre ha prevalecido la búsqueda de hacer negocios oscuros con la infraestructura pública y el Sistema Penitenciario es uno de los que más se han prestado a ese tipo de manipulaciones, porque la reclusión de tantos miles de personas permite hacer contratos millonarios con proveedores y, por supuesto, con la construcción de prisiones.

Esta situación hace necesario que todo el sistema pase por una profunda revisión, a fin de que los jugosos contratos o edificación de penales dejen de constituir un perverso atractivo para quienes tienen en sus manos la decisión sobre millonarias erogaciones.

A fin de aliviar ese hacinamiento, debería dársele seguimiento a una iniciativa lanzada hace varios meses por la Procuraduría de Derechos Humanos, en cuanto a liberar a los reos que ya cumplieron condena, muchos de los cuales sin siquiera haber enfrentado un proceso, aun cuando la misma pena podría ser menor al tiempo que han permanecido en alguno de esos reclusorios.

El ministro Rivas ha dicho recientemente que se estudia esa posibilidad para unos cuatro mil reclusos, lo cual, junto a una mejor inversión de los recursos, puede contribuir a cambiar sensiblemente la tenebrosa situación que afrontan algunas cárceles.