Ha transcurrido una semana desde que el gobierno de Jimmy Morales anunció la modificación al impuesto a los combustibles, al ISR y a la actividad minera, y pese a los reclamos que surgen desde diferentes sectores, se guarda silencio sobre otras opciones de ahorro de recursos en todo el aparato burocrático.

Uno de los rubros en los que más podría aportar el Ejecutivo es en determinar cuál es el tamaño de la burocracia, y cuando desde las más altas esferas se oculta esa información se le hace un gran daño a la moral tributaria, porque queda la idea clara de que se sigue actuando con mucha irresponsabilidad.

Hasta ahora sigue siendo un total misterio la cantidad de personas que ocupan una plaza en la administración pública, porque nadie se ha preocupado ni ha tenido interés en impulsar un censo para establecer con meridiana certeza de cuántas personas reales estamos hablando, pues es de sobra conocida la cantidad de plazas fantasma que están presupuestadas en numerosas dependencias.

Apenas se acaba de conocer durante las audiencias de primera declaración en el caso Cooptación del Estado cómo los más relevantes colaboradores de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti contaban con ese tipo de recursos en entidades sobre las que tenían pleno control, como ocurrió en el Registro de la Propiedad o en la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Eso es lo que más urge esclarecer en prácticamente todos los ministerios, donde los abusos en los que se incurre no son solo del Ejecutivo, sino que estas dependencias se han vuelto nidos de clientelismo para satisfacer los inmorales requerimientos de los diputados, principalmente oficialistas, que se sienten con derecho de llave para ejercer tales presiones.

Mientras ese tipo de abusos no se corrija, resulta incongruente que el mandatario derrame lágrimas en busca de comprensión, pues lo que se hace en la administración pública es reprochable y se requiere un mínimo de carácter para encarar uno de los mayores rezagos de la vieja política, que parece más fortalecida que nunca.

Otro mal síntoma es buscar el respaldo de la bancada oficialista, pues la mayoría de sus integrantes son el mejor ejemplo del aprovechamiento de los recursos públicos, como se ha constatado con el hostigamiento al que han sometido a numerosos funcionarios, principalmente a los titulares de aquellos ministerios en los que más recursos humanos se requieren.

Si el Ejecutivo no toma nota de esas irregularidades que deben ser enmendadas antes de buscar engordar las arcas nacionales, enfrentará serios valladares para llevar a feliz término la iniciativa que pretende; además, redoblar el castigo a los mismos sectores que han venido sufragando el gasto público.

Por ello es que ha sido fácil pronosticar el fracaso de esta nueva búsqueda de recursos, porque existen claras incongruencias entre el comportamiento de la burocracia y la rendición de cuentas, que una vez más pretende avanzar por la misma ruta, pues hasta ahora las principales autoridades también se resisten a explicar cuál sería el plan de inversión para los millonarios recursos que se podrían alcanzar con los nuevos impuestos.