En este caso se impone la necesidad de elegir a los candidatos idóneos, con los mejores antecedentes, experiencia y conocimientos para confiarles la continuidad del fortalecimiento de esa institución. Hasta ayer, fecha límite para presentar objeciones contra quienes aspiran a dirigir el MP, 21 candidatos recibieron algún señalamiento, pero en la mayoría de los casos se hacía claro un marcado afán de descalificación más que de aportar para buscar a los mejores aspirantes; aunque pueden ser válidos muchos de los argumentos, el reto principal queda en manos de la Postuladora, que debe jugar un papel histórico.

El listado resultante debiera estar diseñado para facilitar la tarea del mandatario, quien sin duda en ese esfuerzo de tanto profesional puede encontrar fundamentos que le permitan tomar la mejor decisión, para no verse contaminado por la polarización pseudoideológica que se ha generado alrededor de esta elección, de cuyo resultado dependerá en gran medida la promesa de seguridad que lo llevó a ganar las elecciones del 2011 y por la que continúa en deuda con la población.

La tarea no será fácil, porque sobre la actual fiscal, que está entre los candidatos para un segundo mandato, se han concentrado los criterios más encontrados. Por un lado, es una de los aspirantes que más expresiones de oposición ha recibido por parte de ciertos sectores, pero también es quien más apoyo ha obtenido del lado de activistas de la sociedad civil y, de manera especial, de la comunidad internacional, dentro y fuera de Guatemala, porque su lucha contra las mafias se incrusta en todo un esfuerzo regional e incluso continental.

Esos aspectos hacen que la elección sea todo un desafío para la Postuladora, que no puede darse el lujo de quedar en entredicho y, por ende, debe extinguir todo foco de duda. Por otra parte, la selección final, a cargo del gobernante, trascenderá a su gobierno, pues en todo caso habrá un fuerte sector de la sociedad que no quedará conforme con la decisión, sea cual sea; no obstante, si la planilla final cumple con altos estándares de exigencia ética y profesional, se habrá avanzado mucho para que la persona electa como fiscal general tenga el peso y la legitimidad suficientes.

Ante ese panorama y para asegurar la credibilidad, transparencia y rectitud del proceso, lo más deseable es que el listado de finalistas esté libre de figuras que claramente tengan justificadas las objeciones, y sobre todo aquellas que también en el pasado reciente han desempeñado puestos de relevancia que, de hecho, comprometen su independencia por su marcada inclinación partidista o política, pues tal como reza el proverbio: “No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas”.