Inicio con un saludo y mi reconocimiento a la labor de los periodistas en su día, particularmente a quienes ejercen en condiciones adversas, rodeados de criminalidad, de peligros y con un enorme deterioro en sus condiciones de trabajo y, por lo tanto, de vida. Es a esos profesionales de la información que, por convicción, vocación y con principios trabajan para acercar a la opinión pública fragmentos de la realidad que vivimos que está especialmente dedicada esta conmemoración.

Dignificar esta profesión se hace imperativo. Pero además, urge que logremos que finalmente este gobierno cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales y que adopte e impulse un programa de protección a periodistas, promesa incumplida reiteradamente desde el 2012.

La investigación que realiza Cerigua desde hace 14 años para compartir el diagnóstico del estado de situación de la libertad de expresión y de prensa este año reporta aspectos novedosos. Afortunadamente hubo una baja sensible en las denuncias recibidas y confirmadas de agresiones contra el gremio. Fueron 37, lo que representa 25 casos menos que en el año 2016. Esto es muy significativo, si se ve únicamente en términos numéricos.

Sin embargo, el otro valor agregado del informe, las entrevistas a periodistas de siete departamentos, demostraron que las cifras no siempre revelan la realidad, igual sucede con la economía, los datos macros no responden al nivel de vida de las mayorías. Resulta que la censura y la autocensura provocada por criminales, narcotraficantes y actores políticos, siguen siendo los mecanismos a través de los cuales se influye en los periodistas del interior para que decidan qué temas abordan y cuáles no, lo que significa que no sabemos con certeza lo que está pasando en nuestro país.

En esas entrevistas también se proporcionaron aspectos relevantes, como por ejemplo la existencia de acoso sexual, hostigamiento e incluso discriminación en contra de las mujeres periodistas, no solo por el género, sino por ser periodistas y ser indígenas. También han revelado que los periodistas no tienen confianza en las autoridades locales ni en el sistema de justicia; por lo tanto, no presentan denuncias de los casos de agresiones. El resultado es un sub registro en las estadísticas. Hablaron de los escenarios inseguros y peligrosos para la prensa y de los responsables de los ataques.

Este año se dieron casos de participación de personas particulares o comunidades organizadas en ataques contra la prensa y nuevamente se evidenció la intolerancia de ciertos sectores hacia el trabajo crítico e informativo de los medios. Personajes cobijados bajo el manto del anonimato de las redes sociales y el internet despotricaron en contra de medios de comunicación y periodistas, emplearon perfiles falsos, blogs y supuestas páginas de noticias para atacar, denigrar, acusar sin fundamento y desacreditar el trabajo de información.

Reportamos dos asesinatos a comunicadores y señalamientos a funcionarios como responsables de las agresiones contra reporteros. Los agentes fiscales de la Unidad de Delitos contra Periodistas revelan importante información.

Incluimos una cronología del Proceso de Construcción del Programa de Protección a Periodistas a partir del 2012 hasta el 2017, cuando Guatemala de nuevo aceptó ante la ONU, en Ginebra, ocho recomendaciones, compromisos reiteradamente incumplidos.

Hay citas de las numerosas Declaraciones y Recomendaciones Internacionales al respecto, tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como de la OEA.

Los invitamos a conocer este informe en: www.cerigua.org