Un fallido intento por aprobar un proyecto de amnistía para diputados que pudieran estar involucrados en ilícitos desde el 2008 a la fecha se produjo el pasado martes en el Congreso, en una moción presentada como privilegiada que apenas logró obtener veinte votos, entre los cuales destacan Jaime Regalado, del Movimiento Reformador, y Javier Hernández, de FCN-Nación.

InsightCrime.org, sitio electrónico especializado en investigar el crimen organizado en el Hemisferio, publicó en julio del 2011 un informe sobre presuntas vinculaciones entre estructuras criminales y los partidos políticos Patriota y Unionista con miras a las elecciones programadas para ese año. En el reparto de plazas para llegar a la alcaldía de San Benito, Petén, aparecía el hoy cuestionado diputado Regalado, quien perdió, pero en los comicios de 2015 ganó una diputación por el PP, aunque luego se transfugó al Movimiento Reformador, vinculado con el exministro de Comunicaciones y hoy prófugo Alejandro Sinibaldi.

Junto a este representante por Petén existen otras firmas ilegibles en la vergonzosa propuesta que pretendía amnistiar a personajes cuestionados en gestiones anteriores, como los expresidentes del Organismo Legislativo Eduardo Meyer, Godofredo Rivera, Pedro Muadi, Arístides Crespo y Luis Rabbé, quien se encuentra prófugo y que se beneficiaría junto a algunos de los integrantes de su directiva.

El proyecto intentaba exonerarlos de cualquier responsabilidad sobre todo lo actuado en sus gestiones, dándole validez a sus decisiones tomadas en lo administrativo y de todos los contratos laborales, así como legalizar las plazas fantasma durante anteriores legislaturas.

La desvergonzada y absurda propuesta también estipulaba “validar y reconocer como legales acciones desarrolladas por junta directiva, bloques legislativos, comisiones de trabajo y parlamentarios, en particular dentro del marco del ejercicio constitucional de intermediación y/o fiscalización, especialmente las reuniones, citaciones y/o interpelaciones desde 2008 a la fecha”.

Toda una “joya” para desenmascarar a quienes son parte de esos grupos empecinados en poner zancadilla a la justicia y fortalecer la cultura de la impunidad. No se deben descartar nuevos intentos en el constante afán de entorpecer la labor del Ministerio Público y de la Cicig en su búsqueda por desbaratar redes mafiosas incrustadas en el aparato público y por ello responsables en buena medida del rezago nacional.

Tan perversa fue la intentona que ni siquiera habían compartido la iniciativa con los demás congresistas, en una clara muestra de buscar sorprender a otras bancadas, a donde debe llegar toda propuesta, sobre todo una con dedicatoria en la protección de rufianes. Son suficientes evidencias para que la sociedad se pronuncie y exija la depuración del organismo más corrupto del Estado, con muchas gentes con inmoralidad y capacidad de iniciativa. Muestra también, en otro orden de ideas, la certeza de que si se les otorga la oportunidad, los cambios que hagan a la Constitución responderán a los más oscuros intereses de grupos sociales específicos, más aún de politiqueros.