No puede ser más vergonzoso para el país que la escasa justicia que hoy funciona en Guatemala sea suficiente para poner contra las cuerdas a un grupo de políticos sinvergüenzas y que eso sea la causa de una fuerte confrontación nacional, con escenas a favor y en contra de esos esfuerzos, tan saludables para el fortalecimiento del estado de Derecho, pero que de ninguna manera deberían ser motivo de fricciones.

Todo disenso debe ser respetado. Sin embargo, es intolerable que entre quienes ejercen su pleno derecho a expresarse y manifestar su inconformidad con el avance de algunos procesos se inmiscuyan personajes que no parecen tener la más mínima noción del respeto a derechos esenciales. Un ejemplo de esto fue el activista Rodrigo Polo, quien durante una manifestación contra la Cicig realizada ayer incurrió en el abuso de exigir que se identificara a los periodistas que cubrían el suceso, entre ellos uno de Prensa Libre.

Se trata de un abuso en el que ni siquiera han incurrido las autoridades en los últimos eventos de esa naturaleza. Mucho menos debe permitírsele a un disociador que llegó al extremo de grabar y fotografiar a los periodistas que cubrían esa protesta. Además de ilegal, constituye una extralimitación y coarta la libertad de prensa, y con ello la libre emisión del pensamiento, plenamente garantizada en la Constitución y en tratados internacionales de los cuales Guatemala es signataria.

Con esas actitudes, Polo y sus ocultos patrocinadores se identifican como personajes intolerantes e irrespetuosos de la legalidad, pero además como una figura oscura que recuerda a un pasado reciente de oprobio para los guatemaltecos, cuando los regímenes militares y autoridades serviles habían limitado garantías esenciales, lo cual ha sido superado, y no se debe permitir volver al pasado.

Quienes financian y quienes acompañaron a este oscuro personaje deben pronunciarse sobre este tipo de conductas y apartarse de cualquier complicidad. El derecho a expresarse, como lo hicieron los participantes en la convocada protesta contra la Cicig y contra Iván Velásquez, lo tienen garantizado, así como todos los guatemaltecos. En el caso de los periodistas, su labor debe hacerse sin cortapisas ni restricciones, en especial si provienen de personajes nefastos que ahora viven de esta nueva conflictividad.

La libertad de expresión y el libre acceso a los medios de comunicación independientes son pilares de cualquier democracia, y cuando eso se pone en riesgo se cae en la dictadura y el totalitarismo, como ocurre con toda claridad en los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela o Ecuador, donde las autoridades limitan esos derechos, en un claro abuso de poder que debe ser denunciado con el objeto de borrarlo.

Las asociaciones que velan por el pleno respeto a la libre emisión del pensamiento deben pronunciarse y condenar ese tipo de muestras de intolerancia, porque son actitudes que no deben tener cabida en ningún país que aspire a llamarse democrático, pero sobre todo porque nos hacen retroceder a momentos indeseables de nuestra historia.

Amedrentar a los periodistas con prácticas del pasado constituye un acto de bajeza y de estulticia que debe ser un aviso de los riesgos que corren las jornadas cívicas cuando los patrocinadores pierden el control sobre sus patrocinados y ponen en riesgo no solo las justificaciones de cualquier protesta, sino que amenazan libertades mayores.