Alentados y con mucho viento en la camiseta, producto del respaldo que sectores ultraconservadores han dado al presidente Jimmy Morales, y sabidos de que tienen detrás un fuerte apoyo económico y mediático, un grupo de diputados han retomado la agenda proimpunidad.

Ya no solo se trata de detener, y si les es posible enterrar, los procesos de reforma en el ámbito de justicia y en el sistema político-electoral, sino de revertir los avances que se han alcanzado y, sobre todo, intentar salvar su pellejo, el sistema de cooptación y el estatus quo.

Este pelotón de legisladores, en claro contubernio con personajes señalados en los casos de corrupción y en los procesos por graves violaciones a los derechos humanos —incluyendo a quienes se encuentran prófugos— han preparado una batería de leyes para procurarse impunidad por los delitos del presente y también por los del pasado.

No aprendieron la lección del mes de septiembre, cuando tras un masivo rechazo y una multitudinaria manifestación ciudadana tuvieron que dar marcha atrás con las reformas al Código Penal con las que intentaban modificar el delito de financiamiento electoral ilícito y conmutar las penas a más de 400 delitos. En esa ocasión —aterrorizados con la idea de la depuración— se dieron golpes de pecho pidiendo perdón a la ciudadanía por el “error” cometido; pero ahora que calculan que La Plaza está nuevamente adormecida, que un grupo poderoso de empresarios cerró filas con Jimmy Morales y que recuperaron el liderazgo de un caudillo, volvieron a las andadas en la versión recargada del #PactodeCorruptos.

Pretenden reformar la Ley de Reconciliación Nacional y otorgar amnistía total a los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluidos varios diputados e integrantes del partido oficial FCN Nación, eliminando el artículo 8 de la normativa que prohíbe la extinción de la responsabilidad penal en delitos como genocidio, tortura o desaparición forzada. Para cumplir al cien por ciento la tarea, el beneficio incluye a quienes ya han sido juzgados. Importante es recordar que no es una graciosa coincidencia que muchos de los personajes que hoy enfrentan procesos judiciales por casos de corrupción estén también involucrados en la brutal represión durante los años de las dictaduras. Además, se retoma el fuero militar para delitos comunes.

Por si fuera poco, y como una manera de limitar la participación y organización social —incluidas las movilizaciones que han tenido enorme impacto— se promueve otra iniciativa (la 5239), en la que se tipifica toda acción social de protesta como acto de terrorismo. Pero hay más. La iniciativa 5256, ley de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo —que ya tiene dictamen favorable— pretende coartar la libertad de expresión y asociación, el derecho de petición de las organizaciones y sus integrantes y limitar su marco de acción al campo del asistencialismo.

Este paquete de leyes pro-impunidad supone un enorme retroceso en las libertades y derechos que hemos conquistado y abre la puerta para legitimar la represión y criminalización como herramienta de control social, y eso ya sabemos cómo empieza y también cómo termina.

Los diputados están probando hasta dónde pueden llegar. Si en este intento logran avanzar, el siguiente paso será retomar el control del Ministerio Público a través de la elección de un fiscal ad hoc a sus intereses, que no solo les garantice impunidad, sino que finalice con esa molesta persecución y desmantelamiento de redes criminales. La pregunta es si estamos dispuestos a permitirlo.