La gravedad de los hechos desencadenados por las acciones de Jimmy Morales contra la oficina antimafias de Naciones Unidas ocurre porque quienes empujan al mandatario al despeñadero internacional no parecen tener conciencia de la delicada situación a la que lo han conducido. O lo saben muy bien y ahora comprenden que el único camino que les queda es incurrir en mayores desaciertos, que hacen que la impunidad se asome en el horizonte.

Ayer, la Corte de Constitucionalidad y el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil suspendieron la expulsión de 11 investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por lo que hasta que dicho fallo quede firme se anula la disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores de revocar las visas.

Antes de que se conociera dicha resolución, el vocero de la Cicig, Matías Ponce, había anunciado que los citados investigadores se encontraban ya fuera de Guatemala, en sus vacaciones de fin de año. El Gobierno también emitió un comunicado en el que anunciaba la salida de los funcionarios como respuesta a sus requerimientos, lo cual podría ser un nuevo acto de imprudencia, pues se agradece a la Cicig por ese gesto.

Todo esto ocurre en medio de una campaña de desinformación, que solo denota los niveles de obcecación en el oficialismo guatemalteco, pues desde las primeras medidas han actuado al margen de la ley, desobedeciendo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, y para sostener la ilegalidad se aferran a la defensa de la Constitución, pero sus acciones los desmienten.

La noticia sobrepasó el ámbito local y ha causado diversas reacciones de organismos internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran que todo eso se enmarca dentro de las estrategias del pacto de corruptos, cuyo principal objetivo es desbaratar los procesos por corrupción contra el presidente, la dirigencia política y financistas irregulares y quienes ya guardan prisión a la espera de procesos definitivos.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien el Ejecutivo ve como responsable por el diálogo estancado sobre el acuerdo, lamentó la decisión de Morales sobre la expulsión del personal de la Cicig y pidió el inmediato restablecimiento de los visados. Un aspecto sobre el que seguramente el Gobierno insistirá en no dar marcha atrás.

El presidente Morales insiste en que él y su gobierno respaldan la lucha contra la corrupción, lo cual es desmentido por sus más recientes acciones, como prohibir el ingreso al comisionado Iván Velásquez, cancelar el acuerdo sobre la Cicig y ahora con la expulsión de investigadores que tienen a su cargo procesos cruciales y que podrían permitir la libertad de quienes dirigieron el saqueo al Estado.

Tampoco es cierto que el Ministerio Público puede darle continuidad a esos casos, pues la actual fiscal general, Consuelo Porras, ya ha dado suficientes muestras de no tener el menor interés en continuar el combate frontal de la corrupción, pues en muy poco tiempo se ha sumado a quienes desmoronan la institucionalidad. Sus últimas declaraciones, cargadas de tecnicismos, no aclaran nada y profundizan la incertidumbre en el país.