La cooptación y acecho al Estado, por corruptos y ladrones a todo nivel, ha puesto en jaque al sistema, y quienes incluso se han confundido financiando proyectos contra el fortalecimiento institucional o aquellos que pretendían ser indiferentes al drama por el que atraviesa el país deberán redefinir sus convicciones ante una coyuntura inusual.

La lucha contra la corrupción ha puesto en evidencia la siempre sospechada podredumbre del sistema político y cómo desde las más altas esferas gubernamentales hasta los caciques municipales han sido capaces de apropiarse de millones de quetzales de los contribuyentes, sin que la alta dirigencia del país dé muestras de indignación o repudio ante conductas intolerables.

Al país le urge un liderazgo diferente, para rescatar la institucionalidad, ante acontecimientos que hacen temer un desborde de pasiones, descalificaciones y ataques de sectores tradicionalmente cercanos al poder político pero que las circunstancias actuales han polarizado. Sobre eso debe haber acciones para que no ocurra un aprovechamiento de oportunistas ávidos de la conflictividad y del poder blando.

Las últimas acciones anticorrupción, impulsadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dejaron claro que ese flagelo inutilizó el funcionamiento de casi todas las instituciones, a causa de la desfachatez de gobernantes, políticos y empresarios inmorales que se aprovecharon de un sistema edificado de acuerdo con sus abusos.

Muchos cobraron con creces los dineros entregados a políticos venales, y ahora que una parte del sistema funciona, parecen haberse abierto las puertas del inframundo y demonios liberados amenazan con crear mayor desestabilización, con la clara intención de generar caos e ingobernabilidad para confundir y aprovecharse de las circunstancias.

Las últimas capturas de gente vinculada con la corrupción en la construcción pública y el financiamiento electoral ilícito dejaron una profunda confrontación entre las dos empresas más poderosas de telefonía nacional, cuyos líderes destacan como los hombres más acaudalados de Latinoamérica, lo que presagia una ríspida y prolongada batalla.

El magnate mexicano de la televisión abierta también apunta su batería contra un poderoso grupo empresarial, por haber quedado marginado de la transmisión del foro anual de Fundesa, cuyo nuevo código de ética impide contratar o recibir aportes de personas vinculadas con la corrupción. Es el caso del propietario de los canales nacionales, Ángel González, cuya esposa y gerente general de los canales 3 y 7 está prófuga por un proceso de financiación ilícita a partidos políticos.

El mismo sector privado tampoco mantiene un criterio unificado respecto de la postura sobre el combate de la corrupción, pero ante un escenario de tales características lo más prudente es respaldar el fortalecimiento del estado de Derecho, y no a quienes de la mano de políticos irresponsables incubaron un modelo hoy ya insostenible.

La generalizada debilidad institucional y la endeble conducción de los máximos poderes del Estado demandan madurez y responsabilidad para superar el difícil trance por el que pasa Guatemala.