Si fuera normal la situación actual de la política del país, sobre todo cuando las elecciones se encuentran a apenas 39 días de distancia, el casi airado boletín de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tendría motivo de rechazo. Pero tal normalidad no existe, y la falta de tiempo se convierte en factor crítico para que deba entender las razones de la serie de peticiones directas o indirectas a fin de que tome las decisiones de su campo y así sean eliminadas muchas de las dudas ahora existentes, en referencia al futuro político inmediato y mediato de Guatemala.

Ciertamente, la justicia no debe ser apresurada, pero también existe el viejo refrán según el cual una justicia despaciosa equivale a no tenerla. Por otra parte, el vocablo injerencia, empleado por la CSJ, no es el más adecuado en este caso, porque significa entrometerse, introducirse en algo. Y eso no lo están haciendo quienes se han pronunciado, independientemente de ser guatemaltecos o extranjeros. Lo que están haciendo es hacer uso de manera muy justificada de una de las libertades básicas de toda democracia, como es la de expresión del pensamiento, reconocida en la Constitución, y acompañada de otra igualmente importante: la del derecho de petición.

Los dictámenes de la CSJ tendrán efecto evidente en la lucha contra la corrupción, exigida de manera abierta e inequívoca por la población guatemalteca, y al mismo tiempo marcarán diferencias y novedades en el proceso electoral. Esto debe ser fácil de entender para los magistrados, que causan extrañeza cuando reaccionan airadamente ante la actitud de los solicitantes. La decisión de declarar ayer el antejuicio contra varios diputados parece indicar que ese alto tribunal se dio cuenta de que debe decidir cuanto antes.

Independencia en las instituciones no significa lentitud en los veredictos. Tampoco tomar una decisión en poco tiempo es sinónimo de poca meditación, que a la vez no incluye largas etapas de pensamiento. Las decisiones tardías son una de las mayores fuentes de crítica contra los sistemas de justicia, con el efecto de que en países como el nuestro generan acciones ilegales para obtener resultados, tanto dentro como fuera de las Cortes.

Lejos de responder como lo hicieron, los magistrados de la CSJ necesitan continuar con sus tareas, como sucedió ayer, tomando en cuenta que, a consecuencia de la forma como está integrado el sistema jurídico del país, todavía queda la instancia de la Corte de Constitucionalidad. Desde ya, la CC debe tener en claro que el tiempo disponible le será aún menor y que los veredictos tardíos pueden causar serias dificultades, sobre todo en cuanto a la fecha en que se realicen las elecciones y se lleve a cabo la toma de posesión.

El criterio de que estas peticiones politizan la justicia no tiene cabida alguna, porque se trata de un hecho fundamental en la vida de toda democracia, como son las elecciones. En resumen, tanto los magistrados de la CSJ como los de la CC se deben centrar en el cumplimiento correcto y profesional de su deber para entrar con buen pie en la historia nacional al borrar motivos de las actuales y justificadas críticas. La ciudadanía guatemalteca solo les pide y espera eso.