Cuando se habla de la necesidad de oxigenar el sistema de justicia, debe entenderse que en el fondo se trata de una búsqueda por restablecer el estado de Derecho y de enderezar el rumbo de un modelo atrofiado que con demasiada frecuencia muestra su deterioro, sobre todo por el concurso de la criminalidad, la cual opera a sus anchas gracias a que la corrupción ablanda cualquier barrera.

Esa fragilidad de lo público volvió a quedar ayer en evidencia con la fuga de la reclusa Marixa Lemus Pérez, más conocida como la Patrona, quien abandonó el cuartel militar Mariscal Zavala, ahora convertido en cárcel supuestamente segura, cuando se le dio la gana y seguramente con dinero mal habido, capaz de ablandar cualquier voluntad.

Esta es la segunda fuga de la Patrona, condenada a 90 años de prisión por secuestro y a punto de recibir otra sentencia por asesinato. Entonces, una vez más decidió evadir el brazo de la justicia, con lo cual le asesta un duro revés a un sistema inviable, al que reos y muchas autoridades se confabulan para llevarlo al colapso.

Pocas horas después de que se conociera este nuevo escándalo, el ministro de Gobernación anunciaba la destitución de Nicolás García, director del Sistema Penitenciario, sobre quien existía una prolija hoja de denuncias por acciones reñidas con la ley, ante las cuales las autoridades pusieron oídos sordos.

La semana pasada, el noticiero Guatevisión difundió un video en el cual el ahora exdirector, protegido con un gorro pasamontañas oscuro, entablaba un inexplicable diálogo con líderes de la pandilla Barrio 18, a quienes informaba haber visto a dos reos fuera de la prisión, lo que no denunció, aunque las escandalosas escenas fueron calificadas por el ministro de Gobernación como parte de conversaciones rutinarias del ahora destituido funcionario para restarle impulso al ataque de las maras.

También fue motivo de escándalo otro video que circuló el pasado miércoles, en el cual se observa a la magistrada Blanca Stalling, encarcelada en ese mismo centro de detención, caminando junto a uno de los custodios para visitar a su hijo recluido en otro sector de la prisión, en una clara muestra del irrespeto a las normas y a cualquier autoridad o, peor aún, en una nueva demostración del tráfico de influencias, uno de los delitos por los cuales está presa la polémica integrante del Poder Judicial.

Las fugas de las cárceles guatemaltecas son recurrentes, al igual que el tráfico de influencias y la burla a la ley, como se constata con demasiada frecuencia en las requisas que efectúan las autoridades, en las cuales invariablemente se incautan teléfonos celulares, electrodomésticos, bebidas alcohólicas refinadas y drogas, como una triste evidencia de un sistema que opera a merced del dinero de la corrupción.

En todo caso la destitución de Nicolás García es apenas el primer paso de una investigación que debe continuar con los máximos responsables de esa cárcel militar, pero sobre todo corroborar si es cierto que un grupo de guardias penitenciarios prácticamente le sirvió de escolta para trasladarla a la calle, lo cual confirmaría la inoperancia de un sistema carcomido por la corruptela.