Las ciento ochenta páginas de la declaración de Juan Carlos Monzón son una confirmación —desde dentro— de lo que algunos venimos denunciando desde hace bastantes años: la corrupción es la norma y no la excepción en la administración pública guatemalteca. Lo más importante es que entendamos que la historia de Monzón y el PP tampoco es la excepción sino la regla. Es decir, lo que ellos hicieron es muy similar a lo que han hecho casi todos sus antecesores y no nos debería extrañar que lo sigan haciendo los actuales.

El principal modus operandi es claro: la mayor parte de compras y contrataciones están sobrevaloradas porque hay un porcentaje de los mismos que va para los funcionarios encargados de “autorizarlas”. Este porcentaje —mordida, coima, “beneficio monetario” o como sea que lo quieran denominar— es el objetivo de la corrupción. Es la razón del porqué muchas personas desean llegar al ejercicio del poder. La mayoría de quienes hacen de este su modus vivendi llegan incluso a justificarlo, en su retorcida lógica, y no lo ven como lo que es, un robo, sino que consideran que es la forma como funciona —y siempre lo ha hecho— el Gobierno, y que no tiene nada de malo.

Esa lógica retorcida se alimentó durante mucho tiempo de la impunidad: “todos” lo hacían y a nadie le pasaba nada. Ello hizo que la corrupción se enraizara y expandiera a todo lo largo y ancho de la administración pública. De allí que hasta los burócratas de menor nivel aprovechen su puesto para sacar algún “beneficio”, bajo el también falaz argumento de que: “si los de arriba lo hacen ¿por qué uno no?”.

Afortunadamente, todo empezó a cambiar a partir del año pasado, cuando el MP y la Cicig plantearon acusaciones en contra de funcionarios públicos. En las acusaciones más recientes ya se empezó a dirigir la investigación hacia la corrupción en las compras y la contratación de obras; y si persiguen los casos que Monzón mencionó, seguirán bastantes más, con lo que esperamos que se incremente para los corruptos el riesgo de ser capturados y ello se traduzca en una reducción de la corrupción.

Ahora bien, la declaración de Monzón no se puede tomar como palabra de Dios, ni es prueba suficiente para lograr condenas en un juicio. Esta solo sirve para dar indicios a los fiscales de dónde se debe investigar. Esto es así por los precedentes de dudosas —por no decir falsas— declaraciones de algunos colaboradores eficaces en casos anteriores. Al leer la confesión de Monzón es notorio que él trata de presentarse como un ingenuo que paró siendo uno de los principales alfiles de la corrupción sin proponérselo. Su candidez en el relato es poco creíble, aunque de esperar. Tampoco se podría pretender que fuera a contar todos los detalles que no solo pudieran incriminarlo sino además mostrarlo como lo que realmente fue: un rufián envalentonado por la adrenalina del poder.

Esto quedó muy claro con la mención de su reunión con Thelma Aldana.

Según su declaración, la misma sirvió para que ella detuviera una investigación. Ella confirmó que se llevó a cabo la reunión pero que ni fue ese el propósito ni mucho menos se materializó ese bloqueo en la investigación. Incluso solicitó a la Cicig que compruebe esa afirmación. No dudo de las declaraciones de la Fiscal, las que espero se prueben más adelante cuando, como ella ofreció, se revelen las investigaciones de ese caso. Pero lo importante es la demostración de que aun si no lo hizo de mala fe, el relato de Monzón adolece de ser solo su versión —sesgada o no— de lo que pasó. De allí la importancia de que las denuncias que hace sean investigadas para comprobarlas con evidencias.

Nuevamente, es importante velar porque se respete el debido proceso para que se haga justicia y todos aquellos que hayan participado en la corrupción paguen las consecuencias de sus decisiones.

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