La conflictividad ha sido una de las características de la realidad nacional, aunque tradicionalmente esta se tiende a ubicar con reivindicaciones indígenas y campesinas, cuyas expresiones más elocuentes son las manifestaciones masivas y los bloqueos de las principales rutas nacionales. Lo cierto es que Guatemala tiene muchos otros focos de desasosiego que son capaces de crispar no solo el ánimo de las autoridades.

Según datos gubernamentales, en la actualidad se tienen registrados mil 800 conflictos, la mayoría de ellos agrarios, a causa de desavenencias por invasión de propiedades, desalojos, y uno que cada vez más acrecienta su volatilidad que es el desvío de ríos.

Pero existen muchos otros, algunos de ellos que incluso se producen en la vía inversa, es decir por la falta de inacción del Estado para resolver problemas históricos, como la desnutrición, la falta de vivienda y otros que surgen del ofrecimiento de políticos durante las campañas electorales.

Todo esto ha provocado que con cada inicio de Gobierno se lanzan iniciativas que buscan promover distintas instancias de diálogo, que invariablemente fracasan, porque el fondo a los gobernantes les resulta difícil darle cumplimiento a esas promesas o, en el peor de los casos, porque las roscas gubernamentales anteponen sus intereses y los de sus allegados, con lo que se esfuma cualquier posibilidad de solución.

Más bien, en los últimos años la efervescencia nacional ha subido de tono y buena parte de esa inestabilidad se ha originado en altas esferas oficiales, como es el caso de la corrupción, que solo durante el último año ha puesto a prueba al sistema de justicia, que nada menos ha tenido en sus manos la revisión de procesos o solicitudes de antejuicio de los otros dos poderes del Estado, como es el caso de gobernantes y diputados que se encuentran tras las rejas a la espera de enfrentar procesos.

Eso, que pocas veces se tiende a ver como detonante de conflictividad, puede ser una de las peores recetas para atraer inversiones, pues para nadie resulta fácil de digerir hechos como que un expresidente, una ex vicepresidenta, altos funcionarios de Gobierno o de entidades de gran trascendencia nacional e internacional se encuentren tras las rejas, sindicados de liderar incluso bandas de defraudación tributaria, de tráfico de influencias y de peculado, por citar apenas lo que ha sido una práctica común en la administración pública en las últimas décadas.

Si bien la conflictividad está asociada con carencias históricas y un enorme abandono de las clases más vulnerables, también debe empezar a señalarse la crispación social que pueden generar los políticos irresponsables, populistas y demagogos que literalmente parecen abstraerse de la realidad sobre la que estructuraron el discurso político y, sin embargo, esos focos de inestabilidad no son mencionados cuando se convoca a los grandes diálogos nacionales.

Ahora mismo se ha esparcido la versión de que la Corte Suprema de Justicia estaría buscando la forma de enmendarle la plana a la fiscal general Thelma Aldana, una acción que solo puede ser calificada de aberrante y que sin duda abonará mucho en subirle el tono a la conflictividad nacional.