En el maremágnum provocado por las acciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha quedado fuera el caso de los alcaldes en todo el país que desde hace tiempo manejan por medio de fideicomisos los fondos derivados de los impuestos, lo que constituye un fraude de ley, es decir, una acción realizada con el fin de escabullirse de las normas legales.

El caso más notorio es el del alcalde capitalino, Álvaro Arzú, quien por varios años ha manejado a su sabor y antojo los dineros escondidos en fideicomisos, en confabulación con sus incondicionales, evidentemente copartícipes. El fraude de ley es claro, además de que ese delito ha sido cometido durante un largo lapso, y por ello las autoridades estatales encargadas de la investigación del uso de los fondos no han podido investigar la anómala forma de actuar de la comuna actual.

Es importante indicar también que es imposible encontrar información del dinero asignado a la municipalidad capitalina, porque esos datos no están disponibles en el sitio electrónico municipal, que se reduce a realizar una campaña constante en favor del alcalde, y de ataques y denuncias falsas contra quienes lo critican, ya sea en su calidad de ciudadanos, columnistas y comentaristas en la prensa independiente. Su relación con los medios se concentra en los que integran las radios y canales de televisión abierta, los cuales transmiten constantemente propaganda disfrazada de noticias.

Aunque ya fue inscrito, el personaje tiene, además, el inconveniente legal de que cumplirá 70 años en el 2016, a los dos meses de asumir el cargo, si gana, y que está obligado a renunciar, según el Código Municipal. Sin embargo, podrá aferrarse por el resto del período si logra tener una mayoría de más del 66% de los miembros de la corporación, porque la norma indica que la renuncia debe ser conocida por el Concejo y aceptada solo si la aprueban las dos terceras partes de los integrantes.

La Cicig y el MP se encuentran en la tarea de aplicar la ley a cualquiera. Es el momento de que investiguen a todas las municipalidades del país que copiaron al alcalde Arzú y manejan inmoralmente los fondos ediles. La justificación para hacerlo es la misma que se debe aplicar a funcionarios, exfuncionarios y diputados, quienes merecen que les sea eliminado el derecho al antejuicio. Se trata de acciones ilegales cometidas a la vista de todo el mundo, es decir, en lo que se conoce como delito flagrante.

Los motivos verdaderos para insistir en la reelección son entonces la permanencia de la impunidad de las acciones oscuras y ocultas. Esto no solo se aplica a los alcaldes, sino también a quienes están en el Congreso. Para tomar una idea del monto, cálculos aproximados del presupuesto edil capitalino lo sitúan en 1,500 millones de quetzales, es decir, que Arzú ha dispuesto sin control alguno de 6,000 millones en sus períodos. Eso significa unos 6 millones de quetzales diarios, equivalentes a 750 mil por hora de día laborable. La Cicig y el MP deben llamar al orden a Arzú, para obligarlo a explicar, pues de forma voluntaria jamás lo hará.