En Guatemala aún persiste una “corrupción sistémica” que se ha apoderado de varios sectores, partidos políticos y del propio Estado. Por esta razón la confirmación de Iván Velásquez para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por dos años más es una noticia positiva para el país y es un gran triunfo en cuanto a la lucha contra la impunidad y la corrupción.

La percepción, en algunos casos, tiene incluso más peso que la propia realidad, y la imagen que proyecta Guatemala antes y después de la Cicig es un parteaguas que marca hoy un combate frontal contra las estructuras mafiosas que han tenido cooptado al Estado por décadas.

El compromiso de esta institución se ha enfocado en la desarticulación de las redes político-económicas ilícitas. Y obviamente la presencia de la Cicig en el país tiene nerviosos e incómodos a quienes integran estas mafias, que por todos los medios han tratado de entorpecer y frenar su trabajo. Pero antagónicamente existe otro grupo de personas —que son la mayoría— que reconocen la gran labor que ha hecho esta institución y la importancia de que siga trabajando como hasta ahora. Es más, muchos han sugerido que el mandato sea ampliado.

Desde que la Cicig fue instalada en el país, en septiembre del 2007, hubo resistencia a su gestión de parte de los grupos oscuros que han tenido secuestrado al Estado y han hecho hasta lo indecible por sacarla del país. Pero aun así, junto con el Ministerio Público han desarticulado más de una docena de casos que involucran a exmiembros del Ejecutivo.

Desde que se empezó a tocar a las estructuras mafiosas han sido incontables los ataques y campañas negras —sobre todo en redes sociales y con perfiles falsos— que se han promovido contra dirigentes pasados y actuales de esta Comisión.

Personalmente he tratado a los tres comisionados que han estado al frente de la Cicig (Francisco Dall’Anese, Carlos Castresana e Iván Velásquez), y creo que todos ellos en su momento han aportado cosas valiosas y positivas, en las etapas adecuadas, haciendo su trabajo con valentía, entregando toda su capacidad y profesionalismo en las investigaciones que se han realizado a lo largo de estos casi nueve años.

Pero a pesar de las campañas de desprestigio hacia estos tres valientes abogados —cada uno en su momento—, no han podido lograr el objetivo final, que es impedir que se siga investigando y haciendo un gran trabajo en equipo junto con el Ministerio Público. La batalla para combatir la corrupción debe continuar y todo apunta a que hay Cicig para rato en Guatemala.

El país ha alcanzado grandes logros en la lucha anticorrupción y ahora está ante un reto clave, que consiste en la elección del nuevo Fiscal General, pues como dijo Iván Velásquez, “se considera que el crimen organizado estaría moviendo sus piezas para arrebatarle su independencia al MP”.

Y esto claramente afectaría todo el trabajo en equipo que realizan, porque ya está comprobado que las mafias se resisten a desaparecer, hasta se han aliado entre ellas, no escatimando recurso alguno para sacar a la Cicig de Guatemala, colocar un fiscal general a su medida y poner un freno para que se siga fortaleciendo el Estado.

Aquí es donde se hace necesario hacer una reforma estructural que modifique las formas de acceso y ejercicio del poder judicial, porque si no los resultados serán siempre los mismos, pero también en todo este proceso es necesario que la sociedad interiorice el cambio político que hemos estado viviendo desde la renuncia de Pérez Molina; es decir, participar en un nuevo despertar ciudadano, que contribuya a construir una cultura de la legalidad en la que todos los guatemaltecos estemos inmersos.

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