LA EXPLICACIÓN fue simple. A algún “vivo” se le ocurrió dividir los cambios en cinco áreas y agregar docenas de cambios –por supuesto, no decididos en los acuerdos de paz. Quienes no los aprobaban, rechazaron los cambios constitucionales. A estos votos negativos se unieron los de quienes reaccionaron con molestia y desagrado al descubrir esa mezcolanza y el aprovechamiento de la oportunidad para afectar el texto constitucional en beneficio de determinados intereses. Esta viveza de alguien o de algún grupo, sin duda marcó el camino para mucho del futuro del país, y sus consecuencias las estamos viviendo y sufriendo, casi cuatro lustros después. La moraleja de la historia es simple: mezclar temas distintos, aunque tengan alguna similitud, es la mejor ruta para llegar a consecuencias contraproducentes.

ESTO VIENE AL CASO CON la nueva Ley de Telecomunicaciones. En los primeros tres artículos, se refiere al control de las formas de comunicación en los centros penitenciarios, con el fin de impedir aquellas no autorizadas y cuyo efecto práctico sea mantener la jerarquía de delincuentes condenados a prisión y su capacidad dentro de las maras. Nadie puede estar en contra de esto, ni de darle a la Superintendencia de Telecomunicaciones la tarea de ser el ente rector. Tampoco se puede rechazar la obligación de los operadores de redes locales de telefonía pública para implementar soluciones técnicas cuya meta sea impedir el empleo de celulares dentro de las prisiones, así como la obligación de realizar monitoreos periódicos, so pena de multas de hasta Q500 mil.

A PARTIR DEL CUARTO párrafo, comienza la serie de riesgos por los cuales son preparadas numerosas inconstitucionalidades en relación a la obligatoriedad de las autoridades municipales de auxiliar a quienes tengan autorización de beneficiarse con esta ley. Aquí yace la principal preocupación, cuando toda persona propietaria de un bien inmueble está obligado a acatarla, en perjuicio de su derecho de disponer de éste según su voluntad. A mi juicio fueron mezclados dos temas: uno, los procedimientos para facilitar la tarea de la instalación de equipos y de maquinaria, en general, relacionada con transmisión electrónica lo cual debe ser motivo de una ley específica. El segundo es el referente a impedir la comunicación ilegal desde las cárceles.

EL PRESIDENTE PÉREZ Molina ya comenzó a sentir los efectos indeseables de la ley. Se creó una grieta en el partido oficial, y el propio Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones y virtual candidato a la presidencia el año entrante, declaró no estar satisfecho con la forma como se ha llevado a cabo todo este peculiar asunto. Han despertado los fantasmas de las rencillas entre dicho funcionario y la vicepresidenta Roxana Baldetti, y ahora es necesario para el equipo de gobierno tratar de borrar la percepción de divisiones internas, de los cuales hace alrededor de un año se hablaba mucho. Dentro del Congreso, las aguas oficialistas se están agitando, todo por la combinación de mezcolanza de temas y de una aprobación apresurada de la ley.