Al parecer, en la mayoría de sectores prevalece la idea sobre la necesidad de que el país avance en la modernización del sector justicia, lo cual podría alcanzarse si el Congreso se allana para darle paso a la propuesta de reforma constitucional, sin cambios que desvirtúen el espíritu de esa propuesta.

Más bien la incertidumbre reina sobre las intenciones que puedan tener los diputados en torno al fortalecimiento del Organismo Judicial, algo que sí podría estar entre sus principales preocupaciones. Por eso mismo podría desnaturalizarse la propuesta, al extremo de convertirla en un remedo de independencia y no en un espacio caracterizado por una aceptable calidad e idoneidad de sus integrantes.

De hecho, una de las enmiendas planteadas, que podría ser discutida hoy, es la relativa al perfil de quienes integren el Poder Judicial y donde se propone eliminar los términos idoneidad, honradez y especialización del texto original, lo cual debe ser interpretado como que se está abriendo la puerta a quienes no sean idóneos ni independientes, ni mucho menos honrados.

Puede decirse que con esas características es como funciona en la actualidad el sistema, pues la idoneidad, que en realidad no debería ser un requisito en una democracia madura, es una de las más claras carencias de muchos de quienes hoy integran los tres poderes del Estado, pues carecen de la preparación, madurez y calidades profesionales para ocupar esos cargos.

La exigencia de esos requisitos ha permitido incluso que candidatos con antecedentes penales no participen en procesos electorales, como ocurrió en las elecciones del 2015. Ese año, varios aspirantes debieron reservar sus ansias ante ese impedimento. Ahora la puerta podría abrirse incluso para quienes han sido condenados en otros países, porque esa enmienda se lo permitiría.

En casos como este, en vez de dar un paso hacia adelante se puede retroceder, y el mayor riesgo es que decisiones como esta quedarán en manos de diputados cuestionados, perseguidos por la justicia, tránsfugas desvergonzados y otros que ocupan una curul para servir a oscuros sectores de poder o de vinculaciones con grupos criminales.

Ni siquiera para ocupar una de las más altas magistraturas en la Corte de Constitucionalidad será imprescindible la fundamental exigencia de la idoneidad, pues la puerta se abre para todo mundo, con lo que, de aprobarse esa enmienda, podría también ocurrir que casi cualquier profesional del Derecho llegue a un organismo de tanta relevancia, donde se toman las decisiones de mayor trascendencia.

Guatemala puede perder una nueva oportunidad de mejorar sus estándares para el funcionamiento adecuado del Organismo Judicial si los diputados deciden no tomarse el tiempo debido para meditar la reforma que hoy tienen en sus manos. Es un proceso crucial para el fortalecimiento del Poder Judicial y por eso mismo no debería actuarse a la ligera, mucho menos manoseando una propuesta que podría significar un aporte para la independencia en el desempeño de jueces y magistrados, hoy tan cuestionados.