Los tribunales de justicia enviaron ayer un claro mensaje al Ministerio Público: debe fundamentar correctamente sus alegatos si espera que los jueces lo apoyen. Así se interpreta la resolución de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que ayer confirmó la resolución de la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, quien separó de algunos cargos a ocho exmilitares, aunque ordenó procesarlos por crímenes de lesa humanidad.

Debido a incongruencias en los argumentos del MP, la jueza Domínguez ordenó no juzgar por algunos cargos a Benedicto Lucas García, Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García y César Augusto Cabrera Mejía, pero rechazó la petición de amnistía a otros tres miembros de la institución castrense. Sin embargo, la situación de los exmilitares no es fácil, pues deberán responder por delitos de lesa humanidad que se habrían cometido entre 1981 y 1983 en la antigua Zona Militar 21, con sede en Cobán, contra población civil no combatiente.

De ellos, Benedicto Lucas podría, además, enfrentar acusaciones por la desaparición del joven de 14 años Marco Antonio Molina Theissen, secuestrado el 6 de octubre de 1981 luego de que su hermana Emma Guadalupe, presunta guerrillera, hubiera escapado en septiembre de ese año de una prisión militar donde era vejada, según expresó ella misma en la apertura del juicio.

Aunque la percepción de muchos ciudadanos es que las acusaciones contra los militares deberían concluir en una sentencia tan severa como la dictada contra cinco expatrulleros civiles responsables de la masacre en Plan de Sánchez —siete mil 710 años de prisión—, la actitud de la jueza Domínguez llama la atención porque refleja su intención de apegarse a la ley a pesar de todas las presiones que se puedan recibir.

En el caso particular de los militares de Creompaz, la situación se plantea desde ya complicada. Hay documentos desclasificados de esa época en los cuales la embajada estadounidense en Guatemala informa a su gobierno de masacres registradas en cercanías a la Zona Militar 21. Unas 500 osamentas descubiertas en la base hace poco tiempo darían sustentación a la tesis de que allí ocurrieron los excesos que serán ventilados en los tribunales.

Es vital entender que en la cadena de justicia, tan importante es la investigación y la acusación del MP como el criterio de los juzgadores y la acción de los defensores. Por ello, lo actuado por Domínguez y la Corte de Constitucionalidad hace algunos días suma esfuerzos: mientras ella exige mejor trabajo al MP, la CC ordenó a la Corte Suprema revisar el fallo que sostiene el derecho de antejuicio a otro militar implicado en el mismo caso de Creompaz, Édgar Justino Ovalle, jefe de la bancada oficialista.

La actuación de los juzgadores va en la línea de acabar con los privilegios que otorga una curul. Por ello, el interés nacional se centrará en el futuro de quien es uno de los fundadores del partido oficialista y percibido como hombre fuerte en la asesoría cercana al presidente Jimmy Morales. En ese panorama, se debe insistir en que las argumentaciones del MP sean sólidas, a fin de evitar que la plana le sea enmendada por instancias superiores del sistema de justicia que, por cuestionado, necesita dar muestras de contundencia.