La corrupción constituye un mal negocio, dijo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, durante el foro del lunes denominado Hacia una cultura de integridad en los negocios. La frase tiene muchas implicaciones, sobre todo en Guatemala, donde en casi tres años se han dado sonados casos que han desnudado las perversas alianzas entre corruptos y corruptores, en claro perjuicio de todos.

Claramente es un mal negocio, porque mercaderes entablan negocios a la sombra del Estado para beneficiar a unos cuantos, todo lo cual tiene consecuencias nefastas para grandes sectores, porque esto se traduce —por ejemplo— en trabajos sobrevalorados, de mala o pésima calidad, obras sobre las que recurrentemente se deben hacer erogaciones, como ocurre con la infraestructura vial del país, convertida desde hace tiempo en la mayor fuerte de corrupción.

Se trata de un ruin negocio que durante algún tiempo funciona para el grupúsculo de corruptos, pero cuando los amaños salen a flote se pierde algo más que dinero, pues existen bienes inmateriales que son mucho más valorados, como el prestigio o el derrumbe de liderazgos, como lo puede atestiguar la empresa brasileña Odebrecht, una de las constructoras más grandes de Latinoamérica con mayor influencia en la corruptela de muchos gobiernos.

En cambio, cuando esa práctica trasciende a las personas y termina impactando de manera negativa en millones de ciudadanos por sus escandalosas operaciones, se hace impostergable arremeter contra esas prácticas, como ha ocurrido aquí y en muchos países del continente latinoamericano.

Cuando la dinámica opera de forma inversa y la oposición a esa purga se manifiesta de manera decidida, solo se abre la puerta a una mayor confrontación, porque en la actual coyuntura mundial los países ya no pueden actuar aisladamente y más bien se hace necesaria la intervención de organismos internacionales o de la diplomacia para orientar el rumbo perdido.

Guatemala se encuentra en una encrucijada de la que es urgente salir, porque esa parálisis está impactando de manera negativa sobre una serie de indicadores de desarrollo, así como en la confianza de los inversionistas, y para ello se requieren acciones decididas, orientadas a dar respuesta a la demanda generalizada de depurar el sistema para terminar el pillaje con los recursos públicos.

Esto debe ser así porque para entidades especializadas como Standar & Poor’s nuestra inestabilidad política y anomia institucional se traduce en un agravamiento del crecimiento económico o de indicadores de desarrollo que ya están causando un enorme daño a millones de guatemaltecos.

Si mayoritariamente se tiene claridad en que el combate de la corrupción es impostergable, se deben respaldar esos esfuerzos. El primer paso inequívoco lo deben dar quienes desde los más altos cargos tienen posibilidades de incidir mediante acciones convincentes, alejadas de la politiquería y con leyes inequívocas sobre un nuevo rumbo, pero también aprovechando el liderazgo de la parte del sector privado guatemalteco que respalda esos esfuerzos.

El presidente Morales no debe perder más tiempo. Su deteriorada posición, alejada del liderazgo de su cargo, lo obliga a actuar de manera diferente, porque cualquier posibilidad de avance está condicionada por el cambio, lo cual debe apuntar a una profunda transformación del sistema.