Quienes desde diferentes sectores claman por un mayor compromiso por parte de todos los guatemaltecos en contra de las prácticas inmorales al frente de altos cargos de poder, también coinciden en que a su vez este es un reflejo de un problema generalizado que carcome las raíces de muchas sociedades latinoamericanas en todos sus estratos.

Ayer, durante la presentación del último informe de gestión de Thelma Aldana al frente del Ministerio Público, ese fue uno de los temas dominantes. Se justifica, porque por lo menos dos de sus tareas determinantes durante su gestión estuvieron marcadas por el combate de la corrupción y paralelamente junto a esa agenda estuvo desarticular las temibles maras, con la extorsión como su principal fuente de ingresos.

Simultáneamente, en el Congreso, el ministro de la Defensa, general José Luis Ralda Moreno, declaraba a la bancada de la UNE que hasta el momento hay 30 oficiales del Ejército en activo procesados por delitos que van desde la malversación de fondos, ejecución extrajudicial y violación hasta el narcotráfico.

Se trata de una cifra demasiado elevada para una entidad llamada a guardar altos estándares en seguridad, aunque también ha sido una de las más señaladas de participar en estructuras paralelas de poder con los últimos gobiernos, cuya dirigencia también fue incapaz de poner un alto a la infiltración criminal.

Por eso se explica la preocupación expresada ayer durante la presentación del informe del MP y lo que ocurría en una de las salas del Congreso, porque también en las altas cortes continuaban procesos contra implicados en la apropiación indebida de recursos o hasta de vinculación de altos representantes de la Policía o del Ejército con las temibles pandillas.

Ese panorama se ha vuelto demasiado rutinario y cada vez se hace más necesaria la participación de más amplios sectores, porque el país necesitará una profunda reconstrucción de sus más importantes instituciones, si no se dan más retrocesos en el fortalecimiento institucional, como se ha denunciado desde diversos sectores luego del descabezamiento del Ministerio de Gobernación.

En esos esfuerzos puede hacer mucho el presidente Jimmy Morales. Basta con que deje de actuar en favor de oscuros intereses y asuma con responsabilidad su mando constitucional: representar la unidad nacional, lo cual pasa por evitar la confrontación y sobre todo por no desprestigiar a las más altas autoridades de entidades emblemáticas en el combate de todo tipo de ilícitos.

Uno de los organismos más importantes para recuperar la confianza y terminar el caos institucional es el Congreso, llamado a ser un ente de fiscalización para lograr una efectiva rendición de cuentas en el Estado, pero para eso se requiere dejar de insistir en impulsar leyes proimpunidad, con la clara dedicatoria de beneficiar a sindicados de corrupción.

Quienes pueden impulsar los cambios que el país necesita deben dejar el descaro y la ingenuidad, porque su proceder está a la vista de una ciudadanía cada vez menos tolerante a los numerosos desmanes de una nefasta tradición.