El presidente Jimmy Morales anunció ayer que en Consejo de Ministros se acordó declarar estado de Calamidad Pública en las principales carreteras del país, lo cual podría parecer una buena noticia si no fuera por lo apresurado de esas medidas, sus implicaciones constitucionales y los posibles alcances de estrategia de reparación que necesita, antes de arrancar, la ratificación en el Congreso de la República.

Lo primero que salta a la vista es la enorme incapacidad gubernamental para asumir el liderazgo en la gestión de la red vial pública sin necesidad de acudir a medidas extremas. Estas, una vez más, dejan entrever segundas intenciones, como cuando el presidente enfatizó en su discurso sobre la libre locomoción, precisamente en un entorno de protestas populares recientes.

Asimismo, el mandatario insiste en poner al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a efectuar funciones que no le competen directamente, aunque para las mismas, en forma providencial, fue adquirida a finales de junio último maquinaria específica que coincide con la asignación recién anunciada.

Argumenta el mandatario que el Ejecutivo debe velar por el desarrollo del país y otras verdades conocidas, pero el problema de las carreteras no es reciente, ni se subsanará con un simple trabajo de bacheo. Por otra parte, en lugar de exigir el cumplimiento de procedimientos enmarcados dentro de la actual legislación nacional, se anuncian supuestos mecanismos de transparencia, aunque demostrado está que el Ejecutivo no puede fiscalizarse a sí mismo y que la simple denuncia ciudadana no es vinculante en el plano judicial.

El ministro de la Defensa dice, por su parte, que podría necesitar al menos 500 hombres para colaborar en las tareas, que serán coordinadas por el Ministerio de Comunicaciones, pero tampoco aclara si esta inesperada operación deberá ser pagada a dicha cartera, pues en otros casos, como la seguridad ciudadana, requerían de financiamiento adicional del Ejecutivo.

Otro aspecto llamativo de la alocución presidencial es que, aunque anuncia la propuesta de reformas legales para rescindir de forma más ágil los contratos de obras asignados a empresas vinculadas con sobornos al exministro Alejandro Sinibaldi, nuevamente deja de lado una condena clara, enfática y elocuente hacia este tipo de prácticas, ni endosa su apoyo a los entes de investigación como el MP y la Cicig, que han destapado tales desmanes.

El Gobierno debe ser cuidadoso en la búsqueda de soluciones a problemas causados por la corrupción, sobre todo cuando ha pasado año y medio de gestión. Nuevamente opta por soluciones súbitas y cortoplacistas para encarar un problema que requiere entereza, liderazgo y una enorme preparación de entidades que con seguridad verán comprometido su prestigio.

Finalmente, es deseable que las cláusulas de calamidad no sean utilizadas para fines distintos a la recuperación vial, pues hay situaciones de conflictividad latente que deben resolverse mediante los canales de diálogo y legalidad, y no bajo repentinas medidas de fuerza amparadas en una legalidad cuyo uso debe ser excepcional y no recurrente.