Dos muestras evidentes de la vulnerabilidad de Guatemala en el combate de la corrupción afloraron nuevamente ayer, al conocerse de cartas enviadas por congresistas estadounidenses al Departamento de Estado y otra de la cancillería guatemalteca al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El primer caso se registra en Washington, donde los congresistas Edward R. Royce, republicano, y el demócrata Eliot Engel enviaron una misiva al secretario de Estado, Rex Tillerson, en la que le piden tomar acciones más drásticas contra guatemaltecos que no apoyan o que bloquean los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

El segundo hecho lo volvió a protagonizar una funcionaria de menor rango de la cancillería guatemalteca, que tras autorizar la renovación de la visa al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, incurrió en la imprudencia de pedirle no interferir en asuntos internos del país. Una absoluta muestra de ignorancia y del limitado alcance que tienen muchos funcionarios de la actual administración.

Alicia Castillo Sosa, firmante del documento, no solo da muestras de incapacidad para ocupar dicho cargo, sino que pone en ridículo a la Cancillería y al presidente Jimmy Morales, quien ahora ya no puede argumentar ignorancia de lo que está ocurriendo porque es el tono que él le ha marcado en esta relación, cuando se leen los términos de una carta a todas luces improcedente.

Es torpe la pretensión de esta funcionaria, porque son impertinentes sus requerimientos al jefe de la Cicig de no intervenir en asuntos internos, cuando su principal función es precisamente la de perseguir a las mafias incrustadas en el Estado, las cuales además se caracterizan por estar dirigidas o integradas por los más encumbrados ocupantes del poder, quienes incluso pueden ser destituidos y llevados a la justicia si integran esos grupúsculos.

De esto trata justamente la carta enviada por los dos congresistas estadounidenses al Departamento de Estado: imponer sanciones, castigos, limitar negociaciones y negarle la visa a Estados Unidos a todos aquellos que participen en actos de corrupción, entorpezcan su combate o promuevan la impunidad, una clara advertencia para quienes aún se resisten a sumarse a esos esfuerzos.

Es obvio que las más altas autoridades del país, como lo evidencia de nuevo la Cancillería, están empeñadas en desbaratar los esfuerzos por purgar las más altas posiciones de los organismos de poder, infiltrados no solo por personas corruptas, sino que por auténticos defensores de grupos oscuros, capaces de llevar a extremos insospechados sus esfuerzos por desbaratar el avance de la justicia.

Por si no fuera suficiente, tras ser juramentado en el Departamento de Estado, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país declaró: “Combatir la corrupción será el eje de mi trabajo en Guatemala”. A lo que el exembajador Todd Robinson agregó un comentario: “¿Podría ser más claro? No creo”, para rematar la percepción que se tiene del país en los más altos círculos políticos de Washington y sobre lo que lamentablemente todavía no se perciben señales de enmienda, ante una situación harto insostenible, causa de mayores presiones.