Una de las instituciones llamadas a jugar un papel crucial en la cultura de la tributación es la Superintendencia de Administración Tributaria, que año con año falla en alcanzar sus objetivos, y pese a ello no se implementan los correctivos necesarios para terminar con ese rezago y que se exija una mayor eficiencia por parte de las principales autoridades. Lejos de eso, se insiste en convertirla en una entidad mucho más cara de lo que ya es, lo cual permite sospechar de oscuros propósitos para que fracase en su misión.

Recientemente salió a luz un video en el que se hacía alusión a un empresario argentino, quien presuntamente tendría algún acuerdo con el Gobierno guatemalteco para hacerse cargo de la recaudación tributaria en el país y, de paso, se presumía no solo que eso era posible, sino que se le atribuía a este personaje ser el virtual apoderado de las principales aduanas de Centroamérica. Una versión que difícilmente podrá probarse, pero que no deja de aportar en el descrédito.

Uno de los hechos más llamativos es que el presidente Otto Pérez Molina ha sido persistente en plantear la posibilidad de tercerizar las tareas de recaudación, lo que abona mucho en las deconfianza de dicho proyecto, pues coincidentemente tampoco se plantea la posibilidad de requerir una asesoría que podría ser gratuita, o cuando menos con más garantía de éxito, a los organismos internacionales acreditados en el país que tienen amplia experiencia en la materia. Instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional podrían hacer un enorme aporte si de verdad se quiere eficiencia.

No solo se soslaya en el discurso oficial plantear tal posibilidad, sino que se incurre, además, en otras omisiones. Una de ellas es la de hacer que se cumpla la ley, la cual es clara en determinar la separación de sus cargos de los principales responsables cuando no se cumplen las metas trazada. No solo no se emprenden los correctivos necesarios, sino que se busca más bien destituir a quienes se oponen precisamente a la subcontratación de esos servicios, como si el objetivo fuera hacer evidente cierta incapacidad.

Otro argumento que se suma contra los criterios de una nueva contratación es que nada funcionará en materia de tributación si las más altas autoridades no cesan en involucrarse para controlar puestos claves en la lucha por contrarrestar el comercio ilícito, como es el caso de las aduanas, que han dejado de cumplir un rol determinante en mejorar los ingresos a las arcas nacionales. Si ese intervencionismo persiste, ni la mejor tecnología o asesoría empresarial podrán hacer que mejore la recaudación de impuestos.