DESDE HACE Algún tiempo, el tema del número de años del período presidencial ha aparecido en el horizonte político del país. Alguna vez se intentó darle a la palabra reelección no el significado de volver a elegir, sino el de ser la prolongación del período por medio de comicios en los cuales el presidente es a la vez candidato presidencial del partido de gobierno. Este absurdo lo propició Álvaro Arzú cuando quiso participar como candidato a la Presidencia en las elecciones pasadas. Decidió entonces nombrar a su esposa como candidata, con un resultado penoso para ella y una dura lección al exmandatario, quien logró aferrarse de nuevo a la alcaldía capitalina solo gracias a la división del voto en su contra entre otros dos aspirantes.

TAMBIÉN DESDE HACE tiempo se habla de la necesidad de cambiar de cuatro a cinco o seis años el período presidencial. Según ese argumento, el actual se vuelven dos porque el primero se evapora en conocer las interioridades burocráticas, y el cuarto se pierde a causa de la campaña electoral. Este criterio se basa en un hecho político nacional: todo gobierno electo será de un partido llegado por primera vez al poder, y el último año no puede hacer mucho como consecuencia de su segura derrota en las elecciones, constante histórica sin posibilidades de ser cambiada, al menos en un plazo corto. En Guatemala, el primer gobierno de esta etapa actual fue electo para cinco años, pero los siguientes llegaron cuando el período había sido reducido a cuatro.

LA IDEA DE AMPLIAR EL período presidencial no tiene sentido alguno, razón por la cual abrir siquiera la posibilidad de analizarla solo tiene efectos negativos para quien lo señala. La semana pasada, el presidente Otto Pérez Molina se equivocó al ser contundente al respecto de la imposibilidad de hacerlo, debido a la segura interpretación de sus palabras como si fueran una tácita aceptación, por no decir una aspiración. Por aparte, la Constitución es clara en calificar de punible cualquier esfuerzo hecho en ese sentido. Al mencionar este tema, directa o indirectamente, se habla de una reforma a la Carta Magna de la nación, lo cual constituye la peor amenaza en contra de la legalidad del país, al constituir una verdadera pesadilla política.

EL MANDATARIO TIENE ya suficientes problemas por las suspicacias despertadas a causa de decisiones, comentarios y acciones del Gobierno, en general. Si algunos de sus asesores le han sugerido semejante desatino, debe reclamarles, y si no le advierten de la seriedad de las implicaciones, debe dejar de confiar en el criterio de ellos. Políticamente es un manantial de críticas justificadas de los opositores al Partido Patriota, y también de problemas para quienes se encuentran en el oficialismo, por convicción o por conveniencia. Tal vez los peores efectos de esas palabras presidenciales será el de calificarlas como una cortina de humo o de disponer el terreno para preparar una Constitución proclive a las dictaduras o los gobiernos totalitarios.